POLIS

Democracia Frágil. Encuentro con representantes de la Sociedad Británica. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI Westminster Hall – City of Westminster Viernes 17 de septiembre de 2010; véase el Capellanía informa número 344, http://udep.edu.pe/capellania/capinf344.html

Carlos Hakansson — Thu, 26 Jan 2012 21:41:55 +0000

Señor Orador (Mr. Speaker):

Gracias por sus palabras de bienvenida en nombre de esta distinguida asamblea. Al dirigirme a ustedes, soy consciente del gran privilegio que se me ha concedido de poder hablar al pueblo británico y a sus representantes en Westminster Hall, un edificio de significación única en la historia civil y política del pueblo de estas islas. Permítanme expresar igualmente mi estima por el Parlamento, presente en este lugar desde hace siglos y que ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de los gobiernos democráticos entre las naciones, especialmente en la Commonwealth y en el mundo de habla inglesa en general. Vuestra tradición jurídica —“common law”— sirve de base a los sistemas legales de muchos lugares del mundo, y vuestra visión particular de los respectivos derechos y deberes del Estado y de las personas, así como de la separación de poderes, siguen inspirando a muchos en todo el mundo.

Al hablarles en este histórico lugar, pienso en los innumerables hombres y mujeres que durante siglos han participado en los memorables acontecimientos vividos entre estos muros y que han determinado las vidas de muchas generaciones de británicos y de otras muchas personas. En particular, quisiera recordar la figura de Santo Tomás Moro, el gran erudito inglés y hombre de Estado, quien es admirado por creyentes y no creyentes por la integridad con la que fue fiel a su conciencia, incluso a costa de contrariar al soberano de quien era un “buen servidor”, pues eligió servir primero a Dios. El dilema que afrontó Moro en aquellos tiempos difíciles, la perenne cuestión de la relación entre lo que se debe al César y lo que se debe a Dios, me ofrece la oportunidad de reflexionar brevemente con ustedes sobre el lugar apropiado de las creencias religiosas en el proceso político.

La tradición parlamentaria de este país debe mucho al instinto nacional de moderación, al deseo de alcanzar un genuino equilibrio entre las legítimas reivindicaciones del gobierno y los derechos de quienes están sujetos a él. Mientras se han dado pasos decisivos en muchos momentos de vuestra historia para delimitar el ejercicio del poder, las instituciones políticas de la nación se han podido desarrollar con un notable grado de estabilidad. En este proceso, Gran Bretaña se ha configurado como una democracia pluralista que valora enormemente la libertad de expresión, la libertad de afiliación política y el respeto por el papel de la ley, con un profundo sentido de los derechos y deberes individuales, y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si bien con otro lenguaje, la Doctrina Social de la Iglesia tiene mucho en común con dicha perspectiva, en su preocupación primordial por la protección de la dignidad única de toda persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y en su énfasis en los deberes de la autoridad civil para la promoción del bien común.

Con todo, las cuestiones fundamentales en juego en la causa de Tomás Moro continúan presentándose hoy en términos que varían según las nuevas condiciones sociales. Cada generación, al tratar de progresar en el bien común, debe replantearse: ¿Qué exigencias pueden imponer los gobiernos a los ciudadanos de manera razonable? Y ¿qué alcance pueden tener? ¿En nombre de qué autoridad pueden resolverse los dilemas morales? Estas cuestiones nos conducen directamente a la fundamentación ética de la vida civil. Si los principios éticos que sostienen el proceso democrático no se rigen por nada más sólido que el mero consenso social, entonces este proceso se presenta evidentemente frágil. Aquí reside el verdadero desafío para la democracia.

La reciente crisis financiera global ha mostrado claramente la inadecuación de soluciones pragmáticas y a corto plazo relativas a complejos problemas sociales y éticos. Es opinión ampliamente compartida que la falta de una base ética sólida en la actividad económica ha contribuido a agravar las dificultades que ahora están padeciendo millones de personas en todo el mundo. Ya que “toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral” (Caritas in veritate, 37), igualmente en el campo político, la dimensión ética de la política tiene consecuencias de tal alcance que ningún gobierno puede permitirse ignorar. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en uno de los logros particularmente notables del Parlamento Británico: la abolición del tráfico de esclavos. La campaña que condujo a promulgar este hito legislativo estaba edificada sobre firmes principios éticos, enraizados en la ley natural, y brindó una contribución a la civilización de la cual esta nación puede estar orgullosa.

Así que, el punto central de esta cuestión es el siguiente: ¿Dónde se encuentra la fundamentación ética de las deliberaciones políticas? La tradición católica mantiene que las normas objetivas para una acción justa de gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la revelación. En este sentido, el papel de la religión en el debate político no es tanto proporcionar dichas normas, como si no pudieran conocerlas los no creyentes. Menos aún proponer soluciones políticas concretas, algo que está totalmente fuera de la competencia de la religión. Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos. Este papel “corrector” de la religión respecto a la razón no siempre ha sido bienvenido, en parte debido a expresiones deformadas de la religión, tales como el sectarismo y el fundamentalismo, que pueden ser percibidas como generadoras de serios problemas sociales. Y a su vez, dichas distorsiones de la religión surgen cuando se presta una atención insuficiente al papel purificador y vertebrador de la razón respecto a la religión. Se trata de un proceso en doble sentido. Sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos males sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. Por eso deseo indicar que el mundo de la razón y el mundo de la fe —el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas— necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de entablar un diálogo profundo y continuo, por el bien de nuestra civilización.

En otras palabras, la religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución vital al debate nacional. Desde este punto de vista, no puedo menos que manifestar mi preocupación por la creciente marginación de la religión, especialmente del cristianismo, en algunas partes, incluso en naciones que otorgan un gran énfasis a la tolerancia. Hay algunos que desean que la voz de la religión se silencie, o al menos que se relegue a la esfera meramente privada. Hay quienes esgrimen que la celebración pública de fiestas como la Navidad deberían suprimirse según la discutible convicción de que ésta ofende a los miembros de otras religiones o de ninguna. Y hay otros que sostienen —paradójicamente con la intención de suprimir la discriminación— que a los cristianos que desempeñan un papel público se les debería pedir a veces que actuaran contra su conciencia. Éstos son signos preocupantes de un fracaso en el aprecio no sólo de los derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, sino también del legítimo papel de la religión en la vida pública. Quisiera invitar a todos ustedes, por tanto, en sus respectivos campos de influencia, a buscar medios de promoción y fomento del diálogo entre fe y razón en todos los ámbitos de la vida nacional.

Vuestra disposición a actuar así ya está implícita en la invitación sin precedentes que se me ha brindado hoy. Y se ve reflejada en la preocupación en diversos ámbitos en los que vuestro gobierno trabaja con la Santa Sede. En el ámbito de la paz, ha habido conversaciones para la elaboración de un tratado internacional sobre el comercio de armas; respecto a los derechos humanos, la Santa Sede y el Reino Unido se han congratulado por la difusión de la democracia, especialmente en los últimos sesenta y cinco años; en el campo del desarrollo, se ha colaborado en la reducción de la deuda, en el comercio justo y en la ayuda al desarrollo, especialmente a través del International Finance Facility, del International Immunization Bond, y del Advanced Market Commitment. Igualmente, la Santa Sede tiene interés en colaborar con el Reino Unido en la búsqueda de nuevas vías de promoción de la responsabilidad medioambiental, en beneficio de todos.

Observo asimismo que el Gobierno actual compromete al Reino Unido a asignar el 0,7% de la renta nacional a la ayuda al desarrollo hasta el año 2013. En los últimos años, ha sido alentador percibir signos positivos de un crecimiento mundial de la solidaridad hacia los pobres. Sin embargo, para concretar esta solidaridad en acciones eficaces se requieren nuevas ideas que mejoren las condiciones de vida en muchas áreas importantes, tales como la producción de alimentos, el agua potable, la creación de empleo, la educación, el apoyo a las familias, sobre todo emigrantes, y la atención sanitaria básica. Donde hay vidas humanas de por medio, el tiempo es siempre limitado: el mundo ha sido también testigo de los ingentes recursos que los gobiernos pueden emplear en el rescate de instituciones financieras consideradas “demasiado grandes para que fracasen”. Desde luego, el desarrollo humano integral de los pueblos del mundo no es menos importante. He aquí una empresa digna de la atención mundial, que es en verdad “demasiado grande para que fracase”.

Esta visión general de la cooperación reciente entre el Reino Unido y la Santa Sede muestra cuánto progreso se ha realizado en los años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, promoviendo en todo el mundo los muchos valores fundamentales que compartimos. Confío y rezo para que esta relación continúe dando frutos y que se refleje en una creciente aceptación de la necesidad de diálogo y de respeto en todos los niveles de la sociedad entre el mundo de la razón y el mundo de la fe. Estoy convencido de que, también dentro de este país, hay muchas áreas en las que la Iglesia y las autoridades públicas pueden trabajar conjuntamente por el bien de los ciudadanos, en consonancia con la histórica costumbre de este Parlamento de invocar la asistencia del Espíritu sobre quienes buscan mejorar las condiciones de toda la humanidad. Para que dicha cooperación sea posible, las entidades religiosas —incluidas las instituciones vinculadas a la Iglesi católica— necesitan tener libertad de actuación conforme a sus propios principios y convicciones específicas basadas en la fe y el magisterio oficial de la Iglesia. Así se garantizarán derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de asociación. Los ángeles que nos contemplan desde el espléndido cielo de este antiguo salón nos recuerdan la larga tradición en la que la democracia parlamentaria británica se ha desarrollado. Nos recuerdan que Dios vela constantemente para guiarnos y protegernos; y, a su vez, nos invitan a reconocer la contribución vital que la religión ha brindado y puede seguir brindando a la vida de la nación.

Señor Orador, le agradezco una vez más la oportunidad que me ha brindado de poder dirigirme brevemente a esta distinguida asamblea. Les aseguro mis mejores deseos y mis oraciones por ustedes y por los fructuosos trabajos de las dos Cámaras de este antiguo Parlamento. Gracias y que les Dios bendiga a todos ustedes.

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La Universidad en un tiempo de cambio, por el Dr. Alejandro Llano Cifuentes (Universidad de Navarra); véase en Capellanía informa número 325, http://udep.edu.pe/capellania/capinf325.html

Carlos Hakansson — Thu, 26 Jan 2012 21:36:24 +0000

Alejandro Llano Cifuentes es Profesor Ordinario de Filosofía en la Universidad de Navarra desde 1977. Tras haber estudiado en las Universidades de Madrid, Valencia y Bonn, se doctoró en la Universidad de Valencia con una Tesis Doctoral sobre la Metafísica de Kant.

Desde 1967 a 1976 fue Profesor Adjunto de la Universidad de Valencia. En 1976 obtuvo la Cátedra de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid. En 1980 fue Visiting Professor en The Catholic University of America (Washington D.C.). Desde 1981 a 1989 fue Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Ha sido Director y Presidente del Centro de Estudios sobre la Responsabilidad Social de la Iniciativa Privada (CERSIP); Vicepresidente del Seminario Permanente Empresa y Humanismo; Presidente de la Fundación Universidad-Empresa de Navarra. Es Académico de número de la Academia Europea de Ciencias. En 1994 fue Visiting Scholar en la University of Notre Dame, Indiana, U.S.A.

Desde 1991 hasta 1996 fue Rector de la Universidad de Navarra. Desde 2000 es Presidente del Instituto de Antropología y Ética de la Universidad de Navarra. En enero de 2000 fue nombrado Académico de La Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Desde octubre de 2002 es Director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra.

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Al pensar en la suerte y el destino de la institución universitaria, no es extraño que venga a la memoria el nombre de Etienne Gilson, quien tan profundamente estudió el pensamiento filosófico y teológico surgido en el origen mismo de las Universidades europeas. Parafraseando lo que el gran medievalista escribió sobre la suerte de la Filosofía, podríamos decir que la Universidad entierra a sus enterradores y renace de sus cenizas como el Ave Fénix. El discurso sobre la “crisis de la Universidad” ha sido, durante décadas, uno de los lugares comunes de la discusión acerca de la situación de la educación y la cultura en el siglo XX. Ni siquiera han faltado propuestas concretas para sustituir la unidad de la Universidad por la dispersión de una especie de “multiversidad”, o los edificios y el césped del campus por el espacio electrónico de las redes de ordenadores y bancos de datos. Casi nadie cree ya en esas utopías tecnocráticas. Una vez más, la Universidad se ha vuelto a revelar como un instrumento socialmente imprescindible. Pero esta aparente victoria no ofrece motivos serios para el optimismo. Lo contrario es quizá más cierto.

Heidegger solía citar el lúcido verso de Hölderlin: «Donde está el peligro, allí surge también la salvación». Ahora bien, cuando el peligro no comparece, cuando uno se cree a salvo, la necesidad de salvación permanece oculta: donde no hay peligro, tampoco hay salvación. Y esto es quizá lo que sucede actualmente en muchas Universidades. Resulta muy significativo que los recientes diagnósticos de Alan Bloom y Alasdair MacIntyre, en los que se denuncian las ilusiones residuales de la educación ilustrada y liberal, apenas hayan encontrado eco en los ambientes académicos, tantas veces dominados por el activismo y la trivialidad.

Como ha dicho Robert Spaemann, la utopía está muerta. Pero ¿qué nos queda cuando lo que presuntamente sustituía a la religión se revela como ilusorio? O bien la vuelta al origen, el retorno al Dios vivo, o bien una radical antiutopía que niega cualquier dimensión trascendental del pensamiento humano. Richard Rorty, entre otros escritores relativistas, ha dibujado esta antiutopía: es el sueño de una sociedad liberal, en la cual han desaparecido todas las exigencias absolutas del conocimiento, la religión y la ética; en la cual sólo se consideran como verdaderos el placer y el dolor, sopesados según aquello que Amartya Sen ha llamado una “métrica mental”. No debemos tomarnos nada en serio: queremos sentirnos bien, y eso es todo. El lugar del nihilismo heroico de Nietzsche lo ha ocupado un nihilismo banal que, como también dice Spaemann, se llama a sí mismo “liberal” y a sus adversarios “fundamentalistas”. Para este nihilismo light, libertad significa multiplicación de las posibilidades de opción. Pero no deja emerger ninguna opción por la que valga la pena renunciar a todas las demás. Ya no hay lugar para el tesoro escondido en el campo, por el cual vende cuanto tiene quien lo encuentra.

El relativismo escéptico de la cultura en apariencia dominante no sólo implica la muerte espiritual del alma, sino también de toda cultura vital, sin la cual la Universidad misma acaba por responder a la fúnebre descripción que de ella hiciera Ortega y Gasset: «Cosa triste, inerte, opaca, casi sin vida». La Universidad que, desde hace ocho siglos, ha sido capaz de responder a los desafíos provenientes del exterior, se muestra ahora inerme ante la amenaza que brota de ella misma y que la está vaciando de su propio contenido. Estamos ante el fenómeno que los sociólogos actuales denominan “implosión”, es decir, explosión seca, hacia dentro, producida por un interno vacío. No se trata de un problema funcional; se trata de una decisiva encrucijada institucional. Lo que le sobra a la Universidad es organización; lo que le falta es vida. Lo que necesita es, con palabras de Karl Jaspers, «esa fuerza espiritual básica sin la cual son inútiles todas las reformas de la Universidad».

San Josemaría Escrivá: una nueva radicalidad universitaria
La historia intelectual nos recuerda que, en semejantes coyunturas de oscuridad, han sido, no pocas veces, personalidades hondas y lúcidas las que han señalado certeramente hacia dónde era preciso seguir caminando. Tal es el caso, en nuestro tiempo, de San Josemaría Escrivá, fundador de varias universidades e inspirador y alentador de otras muchas iniciativas académicas en todo el mundo. Josemaría Escrivá no fue sólo un hombre de pensamiento original y un gran universitario, sino también un sacerdote santo, un hombre de Dios. Lo más interesante para nuestro tema es que en él ambas dimensiones –la intelectual y la espiritual– no están separadas ni mucho menos contrapuestas. Vivió con heroica plenitud lo que no cesaba de proclamar: una unidad existencial llena de finura y coherencia, en la que los diferentes parámetros antropológicos adquieren insospechado relieve al referirse a Dios nuestro Padre. Tal es la fuente de ese arrojo de la inteligencia que caracteriza todas sus propuestas de universitario radical, que incita a buscar la verdad más allá de las fronteras del saber adquirido.

Su visión trascendente de las realidades terrenas le llevó a avizorar enseguida que la energía espiritual de fondo que precisa hoy la Universidad no se puede reducir a un humanismo etéreo y sincrético. Así lo expresaba en un discurso académico pronunciado el 9 de mayo de 1974: «La Universidad sabe que la necesaria objetividad científica rechaza justamente toda neutralidad ideológica, toda ambigüedad, todo conformismo, toda cobardía: el amor a la verdad compromete la vida y el trabajo entero del científico, y sostiene su temple de honradez ante posibles situaciones incómodas, porque a esa rectitud comprometida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión pública» ⁽¹⁾ La presunta neutralidad está resultando una ficción inhabitable, porque acaba desembocando en la intolerancia y el sectarismo. Por su parte, el “pensamiento débil”, sustitutivo postmoderno de la objetividad ilustrada, constituye la expresión cultural de un permisivismo que, al cabo, lo que permite es el dominio de los débiles por parte de los fuertes. San Josemaría añadía en aquella misma ocasión: «Salvarán este mundo nuestro –permitid que lo recuerde–, no los que pretenden narcotizar la vida del espíritu, reduciendo todo a cuestiones económicas o de bienestar material, sino los que tienen fe en Dios y en el destino eterno del hombre, y saben recibir la verdad de Cristo como luz orientadora para la acción y la conducta. Porque el Dios de nuestra fe no es un ser lejano, que contempla indiferente la suerte de los hombres. Es un Padre que ama ardientemente a sus hijos. Un Dios creador que se desborda en cariño por las criaturas. Y concede al hombre el gran privilegio de poder amar, trascendiendo así lo efímero y lo transitorio» ⁽²⁾.

El paradigma de la unidad de vida
Las palabras de San Josemaría Escrivá apuntan al núcleo profundo que confiere unidad y universalidad a esa comunidad de investigación y aprendizaje que todavía es la Universitas Studiorum, la Universitas Magistrorum et Alumnorum. Para muchos universitarios, el encuentro con el Fundador del Opus Dei supuso el abandono de la facilonería y el aburguesamiento, el compromiso con unos ideales de búsqueda de la verdad, de amor a la libertad y de defensa de la justicia, que se decantaron en una vocación universitaria vivida con apasionamiento. Fue un hombre santo y sabio quien les ayudó a comprender que la misión última de la Universidad es la libre manifestación de los hijos de Dios. La filiación divina es el misterio que nos libera de la vanidad y de la dispersión: el amor paternal de Dios abre la única posibilidad real de que los seres humanos se amen los unos a los otros, y susciten así una cultura renovadora. «El vínculo del Evangelio con el hombre –decía Juan Pablo II en la Universidad Complutense de Madrid– es creador de cultura en su mismo fundamento, ya que enseña a amar al hombre en su humanidad, y en su dignidad excepcional. (…) La síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino también de la fe (…). Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida» ⁽³⁾.

La fe se hace cultura porque enseña a amar al hombre en su concreta humanidad, en esa unidad vital que está hecha de materia y espíritu, de intimidad y trascendencia, de singularidad irrepetible y de apertura a lo universal. No es un acontecimiento histórico contingente el hecho de que la Universidad sea una institución original y originariamente cristiana. Como tampoco lo es la realidad de que la misma idea de Universidad se ensombrece y debilita cuando se olvidan sus raíces cristianas.

Ya en el primer tercio de este siglo, Max Weber nos ofreció la crónica anticipada de esa unidad perdida. Disipada la fe en el único Dios verdadero, lo que queda es un “politeísmo de los valores”, un Olimpo neopagano del que parten solicitaciones contrapuestas. El hombre contemporáneo se encuentra internamente desgarrado por una multiplicidad de lealtades incompatibles entre sí que, en su ruidosa carencia de armonía, sólo coinciden en excluir la fidelidad indivisible al unicum necessarium. Cada uno de nosotros puede experimentar en su propia carne esas “vivencias de discontinuidad”, que le obligan a cambiar de disfraz varias veces al día. La persona ha vuelto a adquirir su etimológico significado de “máscara”, de manera que en un solo sujeto cohabitan varias personas, sin que sea fácil identificarse con ninguna de ellas. ¿Qué somos: miembros de una familia, profesionales, ciudadanos, creyentes, o simplemente payasos? Todo eso y nada de eso. Max Weber lo anunció: el desencantamiento del mundo por la ciencia, la modernización salvaje, habría de conducir a la producción de un tipo de hombres que serían «especialistas sin alma, vividores sin corazón». Ya están por todas partes. Como también se ha hecho pervasiva la «falta de sentido» que, según el sociólogo alemán, sería el precio que habría que pagar por la generalizada sustitución de las convicciones por las convenciones.

Se ha producido una nueva complejidad que no consiste sólo en el aumento de las complicaciones que acompañan desde siempre a la vida humana. También hoy es verdad lo que decía T. S. Eliot: «El género humano no puede soportar demasiada realidad». Pero lo que ahora acontece es que la nueva complejidad no procede de un exceso de realidad sino de un vacío de ser. La proliferación de la anomia y de los efectos indeseados, que provoca en nosotros un estado de perplejidad, tiene su causa en la separación entre las estructuras políticas y económicas, por una parte, y la vida real y concreta de los individuos, por otra. Lo que los sociólogos llaman “tecnoestructura” o “tecnosistema” –el entramado del mercado, del Estado y de los medios de comunicación– ofrece el aspecto de lo irreal, en el sentido de Newman: el hombre de la calle ya no es capaz de reconocerse en esas configuraciones poderosas y fantasmales.

La Universidad actual no puede refugiarse en una simplicidad bucólica que tal vez nunca existió y que ahora es sencillamente imposible. La Universidad, si aún desea seguir siendo ella misma, se encuentra hoy ante el desafío de comprender esa nueva complejidad, gestionarla, y convertirla en una complejidad que ya no sea “perversa” sino humana.

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Publicado en Romana, N° 30 Enero – Junio 2000 Alejandro Llano

¹SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, «El compromiso de la verdad», en VV.AA., Josemaría Escrivá de Balaguer y la Universidad, Eunsa, Pamplona 1993, pp. 106-107.

²SAN Josemaría Escrivá de Balaguer y la Universidad, p. 109.

³JUAN PABLO II, Discurso a los representantes del mundo universitario académico y de la investigación, 3 de noviembre de 1982, 2, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 5, 3, 1982, Libreria Editrice Vaticana, 1983.

El discurso de BENEDICTO XVI en el Parlamento Británico. La religión contribuye al debate ético de las democracias (resumen); véase en Capellanía informa número 335, http://udep.edu.pe/capellania/capinf335.html

Carlos Hakansson — Thu, 26 Jan 2012 21:31:13 +0000

En su esperado discurso en la Westminster Hall, ante los representantes del mundo político, social, académico, cultural y empresarial británico, Benedicto XVI se centró en el papel de la religión en el proceso político y en el mutuo servicio que se prestan la razón y la fe.

Al hablar en el histórico lugar donde fue juzgado y condenado santo Tomás Moro por oponerse al rey Enrique VIII en nombre de su conciencia, Benedicto XVI aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre “el lugar apropiado de las creencias religiosas en el proceso político”.

Hizo en primer lugar un elogio de la tradición parlamentaria británica, con la que “Gran Bretaña se ha configurado como una democracia pluralista que valora enormemente la libertad de expresión, la libertad de afiliación política y el respeto por el papel de la ley, con un profundo sentido de los derechos y deberes individuales, y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.” Y dejó claro que la Doctrina Social de la Iglesia “tiene mucho en común con esa perspectiva”, en su preocupación por la dignidad de la persona humana y en su énfasis en los deberes de la autoridad civil para la promoción del bien común.

Con todo, las cuestiones fundamentales que estaban en juego en el caso de Tomás Moro siguen planteándose en el proceso político: “¿Qué exigencias pueden imponer los gobiernos a los ciudadanos de manera razonable? ¿En nombre de qué autoridad pueden resolverse los dilemas morales?”, se preguntó Benedicto XVI.

El verdadero desafío para la democracia
Se trata de la ineludible cuestión de la fundamentación ética de la vida civil. “Si los principios éticos que sostienen el proceso democrático no se rigen por nada más sólido que el mero consenso social, entonces este proceso se presenta evidentemente frágil. Aquí reside el verdadero desafío para la democracia”, advirtió el Papa.

En el mundo político parece que solo cuenta el juego de mayorías y minorías, con la búsqueda de un consenso que permita aprobar unas leyes. Pero Benedicto XVI ha querido señalar que hay unas reglas éticas que son anteriores y superiores a la vida política, y que la democracia se debilita cuando las ignora.

Clarificó esto con dos ejemplos. Uno negativo: la reciente crisis financiera mundial, en la que “es opinión ampliamente compartida que la falta de una base ética sólida en la actividad económica ha contribuido a agravar las dificultades que hoy están padeciendo millones de personas”. Y otro positivo, uno de los logros más notables del Parlamento británico: la abolición de la trata de esclavos en 1807 (cfr. Aceprensa 14-03-2007). Recordó que “la campaña que condujo a promulgar este hito legislativo estaba edificada sobre firmes principios éticos, enraizados en la ley natural, y brindó una contribución a la civilización de la cual esta nación puede estar orgullosa.” Y, aunque no se extendió sobre este ejemplo histórico, hay que tener en cuenta que fue obra de una minoría cristiana, que con una campaña de años logró cambiar un consenso social arraigado que consideraba normal el comercio de esclavos.

El punto central de la cuestión es: “¿Dónde se encuentra la fundamentación ética de las deliberaciones políticas?” Más de una vez, cuando las instituciones religiosas presentan sus puntos de vista sobre cuestiones éticas debatidas en la vida política, hay quien las desdeña como puntos de vista “religiosos” o se indigna por esta “intromisión” de las iglesias que quieren “imponer” sus creencias.

Mutuo servicio de religión y razón
El discurso del Papa en Westminster Hall clarifica cuál es el papel de la religión en estas cuestiones. “La tradición católica mantiene que las normas objetivas para una acción justa de gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la revelación. En este sentido, el papel de la religión en el debate político no es tanto proporcionar dichas normas, como si no pudieran conocerlas los no creyentes. Menos aún proponer soluciones políticas concretas, algo que está totalmente fuera de la competencia de la religión. Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos.”

Es decir, no se trata de anular en la argumentación ética el papel de la razón en nombre de la fe, sino de colaborar a que la razón llegue a descubrir esas normas objetivas. “Sin la ayuda correctora de la religión –advirtió el Papa–, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana.” Pero Benedicto XVI reconoce que también es necesario el papel corrector de la razón “frente a expresiones deformadas de la religión, tales como el sectarismo y el fundamentalismo, que pueden ser percibidas como generadoras de serios problemas sociales.” “Dichas distorsiones de la religión surgen cuando se presta una atención insuficiente al papel purificador y vertebrador de la razón respecto a la religión.”

Así pues, “se trata de un proceso en doble sentido.” Benedicto XVI ha querido dejar claro que en el proceso político no debe haber una lucha entre la mentalidad secular y la religiosa en competencia para aplicar sus propias normas en el ámbito civil. “El mundo de la razón y el mundo de la fe –el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas– necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de entablar un diálogo profundo y continuo, por el bien de nuestra civilización.”

Una contribución al debate nacional
Frente a los intolerantes que ven la religión como una fuerza negativa que hay mantener a raya relegándola a la vida privada, Benedicto XVI ha subrayado su aportación al debate público propio de una sociedad democrática. “La religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución vital al debate nacional. Desde este punto de vista, no puedo menos que manifestar mi preocupación por la creciente marginación de la religión, especialmente del cristianismo, en algunas partes, incluso en naciones que otorgan un gran énfasis a la tolerancia. Hay algunos que desean que la voz de la religión se silencie, o al menos que se relegue a la esfera meramente privada.”

Como ejemplos, ha mencionado la actitud de los que en países de tradición cristiana quieren quitar la celebración pública de la Navidad para “no ofender” a miembros de otras religiones, o que sostienen que los cristianos que desempeñan un papel público hagan cosas que van contra su conciencia. “Éstos son signos preocupantes de un fracaso en el aprecio no sólo de los derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, sino también del legítimo papel de la religión en la vida pública. Quisiera invitar a todos ustedes, por tanto, en sus respectivos campos de influencia, a buscar medios de promoción y fomento del diálogo entre fe y razón en todos los ámbitos de la vida nacional.”

Para hacer ver que esta colaboración entre Iglesias y Estado es fecunda, mencionó diversos ámbitos en que el gobierno británico y la Santa Sede cooperan (derechos humanos, ayuda al desarrollo, reducción de la deuda, conservación de la paz…). Pero también advirtió que “Para que dicha cooperación sea posible, las entidades religiosas –incluidas las instituciones vinculadas a la Iglesia católica– necesitan tener libertad de actuación conforme a sus propios principios y convicciones específicas basadas en la fe y el magisterio oficial de la Iglesia. Así se garantizarán derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de asociación.”

En el trasfondo de estas palabras hay algunos conflictos recientes, como el que agencias católicas de adopción hayan tenido que retirarse de este campo por no estar dispuestas a dar niños a parejas homosexuales. Con lo que, paradójicamente, en nombre de la “no discriminación” se acaba discriminando a los que quieren ser fieles a sus propios principios.

Esta visita histórica de un Papa al Parlamento británico deja un discurso que será un punto de referencia para analizar las relaciones entre religión y política. El discurso demuestra que Benedicto XVI busca la colaboración donde otros ven enfrentamiento. Su actitud razonable y abierta hace ver, por contraste, toda la intolerancia de los que gritaban contra su visita.

Cfr. Aceprensa 20 Septiembre 2010.

No se necesita modificar la Constitución para que el Estado participe en la actividad empresarial; véase en http://nomordaza.wordpress.com/2011/06/09/no-se-necesita-modificar-la-constitucion-para-que-el-estado-participe-en-la-actividad-empresarial/.

Carlos Hakansson — Wed, 25 Jan 2012 22:29:21 +0000

En los últimos días parte del equipo técnico de Gana Perú y el propio presidente electo Ollanta Humala, están tratando de que la población vea con buenos ojos la modificación de la Constitución respecto al rol subsidiario del Estado. Ellos argumentan que la Constitución los ata de manos para participar en la actividad empresarial, lo cual no es cierto.

Dialogamos con el constitucionalista Carlos Hakansson Nieto, quien es profesor Asociado de la Academia de la Magistratura y además es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Hakansson nos explicó todo lo que implica el Art. 60 de la Constitución.

¿Qué dice el Art. 60 de la Carta Magna?

Este artículo garantiza el pluralismo económico. Menciona que “sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.

¿Cuándo se darían esas razones de conveniencia e interés nacional?

Cuando el Estado actúe subsidiariamente. Eso significa que cuando el particular no pueda -por una razón económica o de capacidad- atender determinado sector económico, lo puede hacer el Estado temporalmente. Es un principio de subsidiariedad muy lógico, yo creo que todo está muy ordenado.

¿Usted como constitucionalista cree necesario reformar el Art. 60 de la Constitución?

No es necesario porque no prohíbe al Estado participar en la actividad empresarial. Si hay un sector que el privado no quiere, no puede, o no sabe atender, el Estado lo puede hacer.

Para que le quede claro a los lectores, ¿Con el actual Art. 60 de la Constitución pueden crear una aerolínea de bandera que compita con el privado, tal como lo está planteando Gana Perú?

Por ejemplo, si existen zonas del país en las cuales no existe acceso aéreo y ninguna empresa privada lo quiere hacer porque no es rentable, el Estado lo puede hacer. Sólo necesita la autorización de una ley expresa para que pueda realizar esa actividad económica.

¿Qué implica que sea una ley expresa?

Implica un proyecto de ley que se discute y aprueba en la comisión respectiva, luego se debate en el pleno del Congreso, se aprueba por mayoría simple y luego se envía al presidente para su promulgación. No están pidiendo que se apruebe por alta mayoría, sino mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los que asistan al pleno.

¿Permítame ser un poco el abogado del diablo, eso no sería muy engorroso si es que se quiere tener una respuesta rápida del Estado?

Es cierto que se tiene que seguir un procedimiento, pero si tiene mayoría se hace rápido, no tiene por qué ser lento. No se necesita modificar la Constitución para participar en la actividad empresarial. La Carta Magna sólo le dice al Estado que debe actuar cuando otros no puedan, no quieran, o no sepan. El Estado se tendrá que retirar cuando logre un movimiento económico, dejando al privado por ejemplo un aerpuerto, hoteles que otros construyeron, infraestructura, etc.

¿Entonces no tendría sentido la modificación Constitucional?

La modificación queda en zozobra porque es una cláusula que blinda y protege a las empresas, no que prohíba al Estado participar en la actividad empresarial. Por otro lado, no hay que olvidar que son empresas que tienen contratos firmados con el Estado en los cuales cabe la resolución de conflictos mediante el arbitraje. Al Estado no le convendría perder un arbitraje con algunas de las transnacionales, porque lo que tendría que pagar es el equivalente a una deuda externa, por eso se blindan.

¿Entonces qué tendría que hacer el Estado?

Tendría que negociar bien los contratos, tener órganos reguladores en determinados campos. El Estado tiene que dejar caminar la Economía, fortalecer sus órganos reguladores que ya existen, y dedicarse al tema de Defensa, Seguridad Nacional, inclusión social. Con eso ya tiene mucho trabajo para los próximos cinco años de gobierno.

¿Cómo queda el tema de la Reforma Tributaria para obtener más recursos?

Tiene que hacer una estupenda Reforma Tributaria donde formalice al informal para que lo integre a la economía, eso aumentará la presión tributaria, y por otro lado tiene que establecer los mecanismos de gobierno para poder distribuir mejor la riqueza a la gente más necesitada, y mejorar los servicios públicos. Pero creo que la inclusión social no se debe limitar a regalar pescado, sino a enseñar a pescar.

¿Sería factible convertirlos en microempresarios?

En una primera etapa se les debe asistir a las personas necesitadas, porque es un derecho humano. Pero posteriormente se le debería dar un subsidio si es que participan de talleres de capacitación, y si no saben leer primero se les debe alfabetizar. Ese subsidio se debe mantener hasta que puedan convertirse en carpinteros, albañiles, electricistas y se puedan integrar a la economía, de acuerdo a la situación de cada uno. Si sólo se dedica a regalar pescado es muy peligroso. El reto es generar unidades productivas, capacitar a quien no tuvo oportunidades.

REDACTOR:
Javier Cobeñas Vega

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El Perú tiene 34 empresas públicas; véase en http://nomordaza.wordpress.com/2011/06/13/el-peru-tiene-34-empresas-publicas/

Carlos Hakansson — Wed, 25 Jan 2012 22:24:08 +0000

En los últimos días se ha discutido la necesidad de modificar el Art. 60 de la Constitución, supuestamente para que nuestro país pueda participar en la actividad empresarial.

El constitucionalista Carlos Hakansson Nieto, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, dejó claro que con ese mismo artículo de la Constitución, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, es decir que puede invertir donde la empresa privada no puede, no quiere, o no sabe atender.

Esta semana indagamos sobre la cantidad de empresas que actualmente tiene el Estado -sin contar las empresas municipales- y descubrimos que aplicando el principio de subsidiariedad del Art. 60 de la actual Constitución, nuestro país tiene 34 empresas públicas.

Todas estas empresas forman parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
Nuestro país ya invierte dinero en 16 empresas del sector electricidad dedicadas a la generación y distribución eléctrica, así como en 5 financieras, 2 empresas de hidrocarburos y remediación, 5 empresas de infraestructura y transporte, 1 empresa de agua y desagüe y 5 empresas de diversos servicios.

Entre las empresas del sector de electricidad tenemos a Adinelsa, Egasa, Egemsa, Egesur, Electro Oriente SA, Electro Puno SA, Electro Sur Este SAA, Electro Ucayali SA, Electrocentro SA, Electronoroeste SA, Electronorte SA, Electroperú SA, Electrosur, Hidrandina, San Gabán y Seal.

La cartera de empresas financieras está conformada por Agrobanco, Cofide, Fondo Mi Vivienda, Banco de la Nación y Banco de Materiales. Así por el estilo, tenemos 34 empresas públicas.

Con varias empresas en el hombro y teniendo pendiente la inversión en Educación, Salud, Defensa, Seguridad Ciudadana e inclusión social, el electo presidente Ollanta Humala está con la idea de crear una línea aérea de bandera, previa modificación del Art. 60 de la Carta Magna.

El constitucionalista Carlos Hakansson, fue enfático en decir que con el actual artículo de la Constitución se puede crear esa aerolínea, siempre y cuando sea para zonas del país en las cuales no exista acceso aéreo y ninguna empresa privada lo quiera hacer, es decir aplicando la subsidiariedad.

El Art. 60 de la Constitución es claro e indica que “sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.

¿Qué es Fonafe?

La corporación Fonafe es un holding empresarial que mantiene los derechos políticos y económicos sobre las acciones de 34 empresas del Estado. Su fin es hacer eficiente la gestión de la actividad empresarial.

Bajo el ámbito de FONAFE se encuentran únicamente las empresas que cuentan con participación mayoritaria del Estado, sea que dichas empresas se encuentren activas o en proceso de liquidación.

El directorio de Fonafe lo conforman los ministros de cuatro sectores, más el presidente del Consejo de Ministros, siendo presidido por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

REDACTOR:
JAVIER COBEÑAS VEGA

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Donde manda capitán ¿paga el naviero?. A propósito del naufragio del Costa Concordia. Una versión extendida del artículo publicado en el Diario Gestión, Jueves 19 de Enero de 2012.

Carlos Hakansson — Fri, 20 Jan 2012 15:07:42 +0000

Ernesto Calderón Burneo

Doctor en Derecho (Universidad de la Coruña)

Profesor de Derecho Marítimo (Universidad de Piura)

Gran difusión ha tenido en la prensa internacional y local el naufragio del crucero de bandera italiana “Costa Concordia”, ocurrido cerca de las aguas de la isla de Giglio, el cual ha producido –lamentablemente- la muerte de 6 personas, entre ellos un tripulante peruano. Además de los pormenores que suelen difundirse en las noticias en casos como éste, la prensa ha dado detalles llamativos de la conducta del capitán en los momentos previos y posteriores al accidente, los cuales, más allá de cualquier reproche moral que pudiera hacerse, tienen efectos jurídicos sumamente trascendentes.

Tradicionalmente, la figura del capitán -como dependiente del naviero- ha estado caracterizada por una serie rasgos que lo diferencian de otros auxiliares del empresario, especialmente, del empresario terrestre al cual estamos más habituados. De esta forma, si bien el naviero se encarga de la gestión comercial del buque, la navegación –como hecho físico y técnico- está exclusivamente en manos del capitán que él mismo ha contratado. El capitán es, por eso, la figura central de la expedición marítima y es el director de la misma, a bordo de la nave, mientras ésta navega, no existe autoridad superior a él. Los problemas –como los que el caso del “Costa Concordia” plantea- surgen precisamente cuando las decisiones del capitán producen efectos no deseados, como retrasos en el itinerario de la nave, pérdida o daños a la mercadería transportada, daños medioambientales y, lo que es peor, lesiones personales o pérdida de vidas humanas.

Es cierto, como se ha comentado en algunos medios, que al universo de personajes dañados les asiste el Derecho a reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados y las miradas parecen dirigirse al capitán hecho que, me parece, necesita cierta matización. El sentido común sugiere que debido a la magnitud evidente del daño, resultaría poco probable que el capitán pueda solventar de manera satisfactoria todo el perjuicio económico producido por su –aparente- falta de pericia, incluso si se acogiera a un sistema de limitación de responsabilidad reconocido por los tratados internacionales eventualmente aplicables a este caso. Lo usual y más aconsejable sería reclamar un resarcimiento al naviero del “Costa Concordia” pues –por una regla clásica del Derecho de daños- éste responde por los perjuicios, de origen contractual o extracontractual, que sus dependientes ocasionan a terceros en ejercicio de las labores que él mismo les ha encargado, es decir, él también responde civilmente porque él mismo los ha elegido para esa misión y porque el sistema jurídico pone como respaldo su propio patrimonio ante la eventualidad que sus dependientes no actúen con la debida diligencia.

Vistas así las cosas, el naufragio del “Costa Concordia” no se diferenciaría mucho de un caso común y corriente de responsabilidad patrimonial por daños, tema clásico del Derecho civil. Sin embargo, en el ámbito jurídico marítimo las consecuencias podrían no ser parecidas. Históricamente al naviero, en tanto empresario marítimo, se le ha hecho responsable con los actos del capitán, lo que incluye evidentemente aquellos actos considerados como dañosos. Sin embargo, la regla clásica del Derecho de obligaciones por la cual el deudor responde ilimitadamente del regular y correcto cumplimiento de las mismas, tiene importantes excepciones dentro del Derecho marítimo en donde, desde hace mucho tiempo, se ha reconocido que el naviero, el propietario del buque, el capitán y otros sujetos, pueden limitar su responsabilidad por la obligaciones contractuales o resarcitorias generadas en el ejercicio de su actividad náutica. Es decir, se trata de una responsabilidad limitable, no limitada y, para el caso del naviero, opera siempre y cuando el daño no se haya producido debido a su propia negligencia o por causas directamente imputables a él. Aunque se discute si lo que se limita es la “deuda” o “la responsabilidad”, lo cierto es que lo que se sí se acota es el fondo ejecutable (el buque y el flete) teniendo como referencia el valor real de éste, así lo establece nuestro Código de Comercio y así, con más o menos semejanzas, está previsto en los ordenamientos jurídicos del mundo entero, con muy pocas excepciones. Es más, la tendencia que marcan los convenios internacionales de limitación de responsabilidad es la de ampliar los supuestos de acogimiento a este beneficio, razón por la cual, lo más seguro es que el monto de las indemnizaciones se limite según un sistema tarifario por unidades monetarias (en algunos casos considerando el arqueo del buque) o a través del cálculo que resulta de multiplicar un factor por el tonelaje bruto de la nave, todo dependerá –claro está- de la ley aplicable en cada caso.

Finalmente, ni todos los créditos marítimos son limitables, ni todos los créditos limitables lo son en la misma medida. Las lesiones personales, fallecimiento y daños a la mercadería transportada generan créditos marítimos usualmente limitables aunque en grados distintos, no ocurre lo mismo, en cambio, con los daños producidos por vertidos de hidrocarburos o polución nuclear. Los pormenores de cómo se llevarán a cabo los procesos de reclamaciones y las limitaciones a las indemnizaciones dependerán de las cláusulas contractuales pactadas y, como indiqué antes, de la ley aplicable.

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Los partidos políticos y la continuidad de la democracia. Publicado en el Diario Correo (Piura), Miércoles 18 de Enero de 2012.

Carlos Hakansson — Wed, 18 Jan 2012 13:27:20 +0000

Carlos Hakansson Nieto

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)

El intento de inscripción del partido Movadef nos invita a realizar las siguientes consideraciones. La democracia, a diferencia de otros modelos políticos, es el único sistema que permite la autocrítica, ya que en los demás la libertad podría verse amenazada cuando encuentra disidentes. Por eso, pienso que las críticas a la democracia la refuerzan aunque no lo parezca a simple vista, porque la libertad de expresión empieza a manifestarse y eso genera el diálogo, la tolerancia; en otras palabras, la verdadera vida política. Es evidente que la democracia no es perfecta, nos atrevemos a decir que nunca lo fue, y menos aún en la Grecia de Pericles, pero, si bien por definición admite la autocrítica, ello no significa que deban reconocerse partidos o movimientos que desconocen los principios constitucionales. Como sabemos, los partidos políticos son por naturaleza una libre una manifestación de la sociedad que respeta la separación de poderes y el reconocimiento a los derechos y libertades; las reglas básicas del juego político.

El derecho comparado nos puede ayudar a comprender mejor este tema. La Constitución alemana de 1949, por ejemplo, el artículo 21 es muy claro al establecer que los partidos cuyos fines o comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal, son inconstitucionales; confiando a su Tribunal Constitucional la tarea de declarar su incompatibilidad de existencia dentro de su sistema democrático. De esta manera, se evita que el partido de gobierno ilegalice a otros partidos que puedan resultarlas incómodos en la diaria pugna política. Es cierto que hubo pocos procedimientos de ilegalización de partidos políticos en Alemania, y también pocas han sido las ilegalizaciones decretadas, como tampoco nadie pone en duda el éxito y reconocimiento internacional que tiene el actual Sistema Constitucional alemán.

Si bien no tenemos una disposición similar en la Carta de 1993, dado que todavía somos un Estado muy legalista, deberíamos aprender de la historia y promover que el Congreso apruebe una enmienda constitucional que incorpore una nueva disposición final y transitoria, inspirada en el tenor de la Constitución alemana, para garantizar la continuidad de la institucionalidad democrática. Es cierto que se trataría de una acción sin precedentes pero la historia del constitucionalismo siempre fue así, se escribe día a día y sin una agenda que la predetermine o encorsete.

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Miércoles 18 de Enero de 2012

Los estudios de abogados: avance exquisito y los retos que enfrentan. Publicado en el Diario El Comercio, Lunes 9 de Enero de 2012.

Carlos Hakansson — Tue, 17 Jan 2012 17:32:05 +0000

Galopan a paso de carrera para no terminar rezagados ante sus clientes. Se trata de alcanzar la sofisticación que exige el mercado.

Marcela Mendoza Riofrío

Había una vez, a mediados del siglo pasado, un abogado que creó su bufete y le pidió a sus hijos que continuaran su legado. Sus clientes lo tenían como su consultor de cabecera y, con ayuda de unos cinco abogados más, atendía todos los temas sin grandes complicaciones. Apenas si tenían una secretaria y los estudiantes rogaban por una oportunidad para practicar con él. Además, contar con una asesoría para una transacción por más de US$100 millones era algo inusual, tanto como pretender que él solo facturara más de US$10 millones.

La historia fue más o menos parecida hasta fines de los noventa, cuando eran apenas seis los estudios de prestigio –familiares o entre amigos– que bastaban para atender la demanda legal de las grandes empresas. Y todo hubiera seguido igual, comenta Juan Luis Hernández Gazzo (socio de Hernández & Cía.) si el monopolio del Estado en el sector empresarial no hubiera acabado gracias a la ola de privatizaciones de los noventa y la apertura al comercio internacional de inicios de este siglo que puso al país en una bonanza con la que soñaban nuestros ancestros.

En efecto, en estos últimos 20 años en el Perú se ha producido más dinero que en todo el siglo precedente y es justamente ese dinamismo de la economía nacional el que ha ocasionado, no solo que se triplique el número de estudios de alta calidad operando en Lima, agrega José Antonio Olaechea (socio del Estudio Olaechea), sino que se ha sofisticado la demanda empresarial de servicios y los estudios se han visto obligados a perfeccionar su práctica y competir por capturar a los mejores talentos desde las aulas para forjarlos según requiere el mercado, que cada vez está más exquisito.

¿Bufetes con 100 abogados y 40 socios? ¿Cerca de 50 personas trabajando en la administración y el márketing del estudio?¿Asesorías para operaciones por US$5 mil millones? ¿Un 80% de casos al mes originados por empresas extranjeras? Nada de eso sorprende hoy, agrega Ismael Noya (socio del Estudio Echecopar), porque el país está inmerso en una carrera global y las empresas urgen de la misma calidad de servicios legales que se consiguen en Chile o Canadá. De hecho, los estudios locales ya han tenido que enfrentar al Estado con inversionistas extranjeros en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas) en temas altamente especializados y complejos que representan un reto mucho mayor de los que se podían resolver 10 años atrás y que ni siquiera soñaban hace 20 años, complementa José Daniel Amado (socio del Estudio Miranda & Amado Abogados).

Pero no solo se trata de montos mayores (las operaciones por US$200 millones son algo habitual) o nuevos clientes (más del 60% de los casos atendidos al año en los diez principales bufetes representan a corporaciones mundiales) sino que también se trata de asumir los retos que implican dejar de ser una empresa familiar para convertirse en un proveedor eficiente. “Las transacciones financieras más complejas requieren servicios más sofisticados. Pero también implican que seamos lo suficientemente eficientes para facturar en forma rentable. La competencia es ahora técnica, profesional, dura… y los inversionistas pueden voltearse e irse con la competencia rápidamente si perciben que es más eficiente”, advierte Rafael Alcázar (socio de Rebaza, Alcázar & De Las Casas).

LA CASA ORDENADA
Así como los Añaños, los Brescia o los Benavides, los bufetes de abogados enfrentaron el reto de explorar el mundo en forma competitiva. Si Gloria crece, su abogado tiene que hacerlo con ellos y no solo basta con contratar más abogados, sino que es vital ser capaz de ser tan productivo como la competencia, que también quiere atender al grupo Gloria. Es por eso que para ellos está claro que el gobierno de la empresa legal no podía estar en manos de los mismos abogados, sino de un administrador de empresas.

Luis Carlo Rodrigo Prado (socio decano del Estudio Rodrigo Elías & Medrano) asegura que desde hace 47 años, cuando su padre fundó el estudio, apostaron por un archivo ordenado y cuentas claras, pero con el paso del tiempo han ido modernizándose. Es por eso que no han dejado de observar la forma de trabajar en los estudios neoyorquinos (con sus 600 abogados incluidos) para aprender de su forma de profesionalizar el trabajo legal y lograr un gobierno corporativo eficiente. La planeación estratégica, diseño de objetivos de márketing, estrategias de diferenciación frente a la competencia, manejo de línea de carrera, digitalización de los archivos, sistematización de los procesos administrativos y estrategias de management son parte de lo que emplean día a día. Y por eso que no solo compran un software capaz de encontrar semejanzas y diferencias entre dos modelos de contratos comerciales (algo que antes tomaba varias horas a los practicantes) o hay varios expertos verificando la seguridad de sus videoconferencias, sino que también tienen al personal de recursos humanos diseñando programas para manejar el estrés.

En los estudios profesionalizados, aclara Juan Luis Hernández, siempre existirá un socio que dedique al menos el 20% de su tiempo diario a pilotear o supervisar la labor administrativa que genera el estudio. La diferencia fundamental radica en que ahora se cuenta con muchas herramientas informáticas y recursos humanos para organizarse, difundir su “buena reputación en el ámbito local e internacional” y mantener la rentabilidad sin dejar de ser competitivos.

EXPERTOS Y TARIFAS
Si algo ha cambiado con el tiempo, aclara Óscar Arrús (socio del Estudio Rubio Leguía Normand), es la forma en que se compite por los proyectos y clientes, quienes han dejado de ser exclusivos. Las grandes compañías pueden tener un estudio principal, para las consultas más importantes, pero también consultan a varios otros estudios dependiendo del tema. Es usual, agrega su socia Milagros Maraví, que se plantee la propuesta a varios estudios expertos en la materia antes de optar por alguno. Y aún cuando no se compita explícitamente por el precio, si pides el doble, es posible que te descarten, resaltan.

Amado, Rodrigo y Noya coinciden en que ellos no compiten por precio sino que apuestan por diferenciarse por un trabajo de asesoría preventiva de alta calidad. Hernández asegura que, en ese esfuerzo por mantener la calidad, se dan el lujo de rechazar algunos pedidos y coincide con Alcázar en que hay trabajos del tipo “commodity”, más simples, en donde sí se compite por precio, pero que estos no son atractivos para ellos. Sin embargo, para grandes clientes como los bancos –según nos aseguraron algunos gerentes legales bancarios locales– la política actual es trabajar con una amplia gama de asesores externos, valorados según su especialidad, y buscar entre todos aquel que le ofrezca la mejor alternativa equilibrando precio y calidad para cada necesidad concreta. Y todo aquel que quiera trabajar con ellos tiene que entrar en esa intensa y permanente competencia.

¿Cómo se diferencian? ¿Cómo destacan? ¿Cómo consiguen nuevos clientes si tienen prohibida la publicidad? Rafael Torres Morales (socio de Torres y Torres Lara) acepta que solo les queda reinventarse para lograr un servicio diferente al de sus rivales. Y aun cuando muchos de ellos esperan tener la mayor variedad de especialidades disponibles, es el nivel de dominio de áreas muy específicas el que logra atraer a los clientes. Además, claro está, de programas de relaciones públicas internacionales para difundir una “buena reputación” ante la comunidad empresarial, los gremios, las redes de abogados y los foros de inversión, coinciden todos.

¿Esa intensa competencia es causal de una reducción real en las tarifas? Solo cuando se trata de productos más o menos estándar. Tal como aclara Alfredo Bullard (Bullard, Falla & Ezcurra), en el caso de los temas altamente especializados la demanda crece sin suficiente oferta legal que la cubra,lo cual incrementa considerablemente los honorarios que, finalmente, solo están al alcance de las grandes empresas.

Y es, en parte por eso, que el crecimiento del mercado (entre 12% y 20% al año en la mayoría de estudios) no solo está marcado por más cantidad de trabajo, sino por proyectos más especializados y complejos, que implican honorarios de hasta US$500 la hora (a pesar de que el promedio local está entre US$150 y US$180). De hecho, entre los quince principales estudios consultados se ha duplicado o triplicado el número de abogados, facturación o casos atendidos en los últimos seis años y se está llegando a facturar entre todos más de US$140 millones (algunos calculan US$160 millones, considerando a los más grandes estudios con US$20 millones cada uno). Y si bien estas dimensiones, según José Ugaz (socio del Estudio Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade) nos convierten en un mercado de mediana dimensión en la región con un fuerte ritmo de crecimiento, la demanda todavía está lejos de lograr cubrirse.

INCONGRUENCIAS
Si la foto del mercado local se centrara en observar lo que sucede dentro de los estudios incluidos en el prestigioso análisis de Chambers and Partners, solo tendríamos la mitad del retrato. Lo cierto es que dichos bufetes concentran la oferta más sofisticada y tienen un alto nivel de competencia por calidad, pero no llegan a representar ni el 1% del universo legal.

Tal como aclara Alberto Varillas(socio de García Sayán) la complejidad del movimiento comercial local ha generado una mayor demanda de servicios especializados en temas como mercado de valores o fondos de pensiones y ha generado una intensa competencia por captar y retener a los mejores egresados de las universidades que dominen dichas especialidades, de los cuales no hay muchos disponibles.

Este año, agrega, se ha generado una alta demanda de expertos en minería ambiental y en consulta previa (a las comunidades indígenas) que son difíciles de encontrar. Incluso es complicado, refiere, hallar un buen laboralista o civilista de alta calificación libre, porque los mejores son tentados por las propias compañías para liderar su departamento legal interno.

Lo irónico del mercado es que, según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el último año han egresado más de 4.500 alumnos de más de 70 facultades universitarias en todo el país, hay más de 80 mil jóvenes estudiando leyes en este momento y tenemos aproximadamente 25 mil abogados activos solo en Lima. El gran problema, asegura Olaechea, es que existe una gran producción de abogados que no reciben la adecuada preparación y, por muy hábiles que sean, carecen de oportunidades en el mercado porque no cumplen con la capacitación técnica especializada que está demandando el sofisticado y exquisito entorno empresarial en el que nos encontramos.

Cada año, los grandes estudios compiten por capturar a los 40 mejores egresados de las principales universidades. Y no se trata solo de atraerlos al bufete, precisa Alonso Rey Bustamante (socio del Estudio Payet, Rey & Cauvi) sino de lograr que estos no quieran abandonarlos. Las nuevas generaciones piden “calidad de vida”, retos profesionales que les permitan sentirse realizados o un ambiente de trabajo confortable. El área de recursos humanos, indica, trabaja constantemente en que esto sea posible.

El mercado, coinciden todos, va a continuar lleno de contrastes hasta que no mejore la preparación académica. Y en los próximos cinco años, aseguran, la brecha en la pirámide solo seguirá incrementándose porque la demanda sofisticada seguirá siendo una constante.

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Fuente: http://elcomercio.pe/economia/1358596/noticia-estudios-abogados-avance-exquisito-retos-que-enfrentan

Macro regionales y autonomía fiscal. Publicado en el Diario El Tiempo (Piura), Lunes 16 de Enero de 2012.

Carlos Hakansson — Tue, 17 Jan 2012 13:34:50 +0000

Carla Mares Ruíz

Doctora en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesora de Derecho Tributario (Universidad de Piura)

En agosto pasado, el ex premier anunció que se impulsaría la creación de cinco macroregiones transversales, que configurarían seis espacios geográficos autosuficientes en el ámbito económico, político y social, a fin de lograr una verdadera descentralización. Esta propuesta, que esperemos siga en agenda, nos anima a apuntar lo siguiente.

Todo proceso de descentralización es complejo. En el Perú este proceso ha sufrido marchas y contramarchas. La Constitución de 1979 habla de descentralización y sugiere la creación de un Plan Nacional de Regionalización, pero poco se avanzó en este terreno. Con la Constitución de 1993 las regiones son intermediarios administrativos, sin autonomía financiera; y los municipios reducen su autonomía financiera y experimentan una re-centralización. En síntesis, la década de 1990 se caracteriza por el debilitamiento de estos niveles de gobiernos, al limitarse su capacidad de gestión y su autonomía económica y administrativa.

Las reformas constitucionales, especialmente la de 2002, intentan dar un marco más apropiado para la descentralización[1]. En 2004 se modifica el artículo 74 de la Constitución, que sólo otorgaba potestad tributaria al gobierno central y local. Actualmente, los tres niveles de gobierno pueden crear, modificar o derogar tributos, o establecer una exoneración. En el caso de las regiones y municipios esta potestad se ejerce dentro de su jurisdicción y sólo alcanza a tasas y contribuciones. Ambos son tributos vinculados: su pago supone una contraprestación del Estado y su recaudación tiene un fin determinado. La tasa, cuyo fundamento es el principio de provocación de costes, debe cubrir el costo que supone al Estado el servicio o la actividad requerida por el contribuyente; y, la contribución debe pagarse en función del beneficio que genera una obra pública o actividad estatal.

Esto excluye que una región o municipio obtenga ingresos derivados de impuestos (tributos no vinculados cuya recaudación solventa el gasto público en general). Si bien, la Ley de Tributación Municipal crea impuestos a favor de los gobiernos locales, éstos son únicamente administradores y beneficiarios de tales ingresos, pero carecen de competencias normativas sobre ellos. Así, los recursos más importantes en términos cuantitativos ¾derivados ciertamente de los impuestos¾ los controla el gobierno central, que es quien los redistribuye entre las distintas jurisdicciones.

Esta estructura hace de las transferencias intergubernamentales la fuente básica de ingresos para un gobierno sub nacional y ello no parece favorecer una verdadera descentralización, en tanto que limita su capacidad para proveer los servicios que demanden las preferencias y necesidades locales. Además, se perpetúa el control del gobierno central sobre las decisiones locales.

La descentralización exige autonomía fiscal, ello pasa por reconocer a los gobiernos sub nacionales competencias más amplias en el ámbito tributario. Puede pensarse que esto reduciría la eficiencia en la ejecución de políticas públicas o que aumentaría la desigualdad o que sería mayor la corrupción. Si bien un esquema como el propuesto plantea riesgos, son mayores sus ventajas. Sólo si una región o municipio tiene capacidad para controlar sus propias fuentes de ingresos, tendrá niveles razonables de responsabilidad en el gasto y en la generación de fondos locales y los ciudadanos estaremos en condiciones de exigir al gobernante de turno que brinde de forma efectiva y eficiente los servicios que todos pagamos a través de nuestros impuestos.

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[1] A partir de entonces se promulgan varias normas que intentan retomar el proceso de descentralización (en 2002, la Ley de Bases de la Descentralización; en 2003, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada; en 2004, la Ley de Descentralización Fiscal y la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de las Regiones).

Revocatoria es utilizada más como regla que como excepción. Entrevista realizada para el Diario La República, Lunes 16 de Enero de 2012.

Carlos Hakansson — Mon, 16 Jan 2012 15:39:31 +0000

Cuidado. Analistas dicen que quienes perdieron las elecciones aprovechan la cobertura mediática para salir del anonimato y aparecer como una mejor opción.

Piura. Para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP), Carlos Hakansson Nieto, la revocatoria en lugar de ser utilizada como una herramienta de excepción es usada como regla que debe darse de todas maneras al segundo año de gestión.

Consideró que de esta manera se tergiversa la naturaleza de la revocatoria, que nace de nuestra democracia representativa, pues todo alcalde o presidente regional deberá esperar que, incluso, meses antes de cumplir su primer año de gobierno ya se piense en revocarlos.

“El problema es que es promovida por los asesores políticos o por quienes no ganaron las elecciones y tendrá una cobertura mediática de cara a la próxima elección. Es una especie de campaña política encubierta”, detalló.

Expresó que este problema nace por la carencia de una continuidad democrática en el Perú, ya que desde el nacimiento de la etapa republicana no ha habido tres gobiernos democráticos seguidos y de terminar el presente gobierno se habrá roto el maleficio.

“La historia democrática del Perú recién se está escribiendo, entonces no pidamos una conducta ejemplar a la ciudadanía y a la clase política. Sin embargo, la reflexión para las autoridades es fomentar un voto más informado, formalizar los partidos políticos y para nosotros, saber elegir”, resaltó.

Por su parte, el catedrático y sociólogo de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Edison Torres Álvarez, advirtió que en la región este proceso se está llevando más por un tema político que social, lo cual afecta la gobernabilidad y anula cualquier intento de consenso.

“Si bien es una herramienta democrática, la revocatoria puede ser contradictoria. Cualquiera buscará la sinrazón para ganar espacio y ello generaría desinterés en las autoridades al saber que el proceso es largo y no les pasará nada”, señaló.

Entrevista realizada por Enrique Villegas Rivas

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