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Viscarra es causante de la crisis. Opinión del Dr. Domingo García Belaunde, publicado en El Montonero (portal de opinión), jueves 22 de agosto de 2019.

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El peor jefe de estado. Opinión del Dr. Domingo García Belaunde, publicado en El Montonero (portal de opinión), el viernes 16 de agosto de 2019.

Personificar a la nación. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), lunes 19 de agosto de 2019.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

En los presidencialismos, el titular del ejecutivo es jefe de estado y gobierno, a diferencia de los modelos parlamentaristas que existe un jefe de estado, que puede ser el monarca o un presidente (por ejemplo, el Rey de España o el Presidente federal alemán respectivamente), y un primer ministro nombrado por el legislativo (Angela Merkel en Alemania).

La Constitución nos dice que el jefe de estado personifica a la nación, ¿qué significa ello? En primer lugar, tanto en las monarquías como las repúblicas, el ejercicio de la jefatura de estado demanda un perfil que permita a los ciudadanos identificarse con un titular que comprenda la posición y continuidad histórica de su país, así como las tradiciones y valores que, con el paso del tiempo, la hayan ido enriqueciendo; la Monarquía absolutista dotó de este contenido a la figura del rey, la República lo recogió y democratizó.

Antes del surgimiento de los parlamentarismos post Revolución francesa (1789), el nacimiento del Presidencialismo estadounidense (1787) era la forma de gobierno posible para una República, donde se establecieron los requisitos formales para ser candidato al ejecutivo: nacionalidad por nacimiento en territorio patrio, ejercicio de la ciudadanía y cumplir un número mínimo de años de residencia al momento de la elección; sin embargo, la tradición republicana también recogió de la Monarquía unos requisitos materiales que configuraron los principales rasgos de un jefe de estado que, además de sus atribuciones constitucionales, debe conducirse como un modelo humano para la nación, reunir las virtudes de bondad, honradez y sinceridad, así como sus capacidades de estadista, sagacidad y competencia para poder ejercer el cargo (por eso, la República también conservó la institución del indulto). Los requisitos formales se señalan en la Constitución, los materiales en la trayectoria política y durante la campaña electoral.

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La propuesta de un gobierno fallido. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), lunes 12 de agosto de 2019.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

El anuncio presidencial al final de su mensaje anual por fiestas patrias para adelantar las elecciones generales, ha producido diversas razones que buscan explicar su decisión, desde considerar un virtuoso desprendimiento del jefe de estado para dejar el ejercicio del poder; una respuesta a una clara señal de agotamiento, hasta una formal declaración de incompetencia para continuar en el cargo.

La primera razón interpreta que la decisión responde al ejercicio de una virtud, cuando el mandato presidencial no es eterno, es un periodo que finaliza el 28 de julio de 2021; además, no se trata de demostrar que puede desprenderse en cualquier momento de su responsabilidad para gobernar, sino de servir mientras dure su periodo.

La segunda razón es de naturaleza médica, de ser el caso, el presidente debe renunciar y que el Congreso apruebe su decisión por mayoría absoluta (inciso 3, artículo 113 de la Constitución), para eso están previstos los vicepresidentes, para garantizar la continuidad del mandato. Y, la tercera, la razón más dura, revela un presidente sin estrategia, argumentos ni recursos humanos suficientes para atender varios frentes a la vez, el trabajo de todo estadista.

De las tres razones formuladas por los analistas políticos para explicar la decisión presidencial, todas se resuelven aplicando el inciso 3, artículo 113 y el artículo 115 de la Constitución, que establece el orden de susesión hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales. Por eso, la propuesta de reforma constitucional de un gobierno fallido resulta un desproposito, debe ser rechazado y archivado por el Congreso.

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Vizcarra, huye hacia adelante. Opinión del Profesor Dr. Domingo García Belaunde, El Montonero, portal de opinión, publicado el domingo 4 de agosto de 2019.

Me voy, pero a mi manera. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), lunes 5 de agosto de 2019.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

La composición del discurso presidencial reveló una estructura incongruente, ofreciendo obras y nuevas políticas públicas durante casi toda su lectura para, al final, anunciar la salida institucional de ambos poderes, pero con sus propias reglas y por encima de las disposiciones constitucionales. La aprobación de una reforma constitucional para acortar el mandato presidencial y congresal, será un mal precedente porque terminará burlando las disposiciones constitucionales.

Como señaló el abogado y analista Enrique Ghersi, las leyes carecen de efectos retroactivos, por eso, de aprobarse la enmienda se aplicaría al gobierno y legislativo siguiente, no al actual que la propone; por otra parte, es errónea la interpretación del artículo 115 constitucional que regula el orden de la sucesión presidencial, sosteniendo que luego de su renuncia y la de sus vicepresidentes, el titular del Congreso asume la conducción del ejecutivo y convoca elecciones, pero indican que “éstas sólo serían al poder ejecutivo”. Se trata de una interpretación equivocada, nuestra forma de gobierno fue diseñada para funcionar a partir de unas elecciones coincidentes de ambos poderes del estado, es decir, comicios generales para elegir un presidente y un nuevo Congreso. La misma lógica se produce en el caso de proceder una disolución parlamentaria, pues se dispone que la nueva conformación de legisladores electos completa el mandato del Congreso saliente, precisamente, para no alterar el funcionamiento de su forma de gobierno.

La propuesta de reforma ha sido interpretada por los analistas políticos como un “salto hacia adelante”, pero resulta sospechoso imponer un camino distinto para dejar el poder, diferente al previsto por la Constitución. Por eso, si la Carta de 1993 prevé la renuncia presidencial y la forma ordenada de sucesión, que culmina con el titular del Congreso convocando a elecciones generales, no encontramos una razón que sea válida para proponer una solución diferente.

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Canción oficial de los juegos panamericanos y parapanamericanos Lima 2019.