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Bancadas atípicas. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), lunes 9 de julio de 2018.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

En los últimos días se ha cuestionado el papel que cumple la bancada oficial en el Congreso, en la que algunos de sus miembros se consideraban algo relegados, hasta decir que no se coordinaba con ellos periódicamente. Si bien es lógico que deban existir sinergias entre el gobierno y los congresistas oficialistas, lo cierto es que la principal tarea de la bancada de gobierno es defender al ejecutivo ante las críticas de la oposición; el papel de esta última, en cambio, es mostrarse ante la opinión pública como una mejor opción electoral de cara las próximas elecciones, a la vez de considerar que toda acción del gobierno siempre pudo realizarse mejor.

El comportamiento atípico que se manifiesta desde el Congreso llama la atención; por un lado, una bancada oficial que cuestiona al gobierno que está llamado a defender; por otro, una oposición que apoya su gestión. La razón de fondo resulta comprensible: la responsabilidad política para sostener al titular del ejecutivo que fuera nombrado gracias a un proceso automático de sucesión, una disposición prevista en nuestra forma de gobierno.

El comportamiento atípico de la oposición aludido, también debe comprenderse como el empeño de conservar la estabilidad y gobernabilidad política, para conversernos que el sistema democrático, aunque imperfecto, sí funciona.

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Las causas del desconcierto en nuestro sistema político. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), lunes 2 de julio de 2018.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

Luego de conocer la abultada lista de candidatos a las elecciones regionales y municipales, nuevamente se discuten los problemas de maduración de nuestro sistema político; especialmente cuando hablamos del fortalecimiento de los partidos y calidad de sus líderes. Si bien en esta columna nos hemos dedicado a tratar estos temas, deseo detenerme en algunos elementos que considero vitales para disminuir el índice de mortalidad de las agrupaciones políticas que, incluso siendo electas, terminan menguando hasta casi desaparecer.

El primer elemento son las relaciones del binomio: líder-ideología. La necesidad de saber explicar una idea al servicio del bien común, como la persona que sepa representarla, resulta el mínimo irreductible de la actividad política. El segundo elemento se compone del binomio militancia-organización. El líder fundador realiza un “apostolado” que, con el paso del tiempo, se traduce en el conjunto de cuadros con formación intelectual para ocupar distintas instituciones sociales, culturales y políticas. La organización formal (correcta inscripción, democracia interna, arraigo local, regional o nacional) y la material (grado de disciplina de sus miembros), se ocupa de forjar la cohesión y unidad a la que solemos reconocer como un partido político.

Los binomios aludidos: líder-ideología y militancia-organización, explican el desconcierto intelectual en nuestra coyuntura política. En la actualidad, los partidos históricos nacionales que nos quedan carecen de un líder vigente forjado entre sus filas, a pesar de tener una ideología transmitida desde su fundación; por otro lado, los que reconocemos como más organizados, no consolidan su liderazgo en función a una idea (liberalismo, capitalismo popular, colectivismo, estado-proveedor, etc) sino a un estilo personalista que, dependiendo de las habilidades de su titular, puede o no devenir en un nuevo caudillismo. Para concluir, los movimientos locales y regionales actuales carecen de ambos binomios.

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La cantidad y calidad de los partidos. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), lunes 25 de Junio de 2018.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)
El número de candidatos a las elecciones regionales y municipales destaca por su elevado número de postulantes, sin precedentes en nuestra reciente historia republicana; sin embargo, lejos de significar el progresivo arraigo de nuestro sistema democrático, nos muestra que las formalidades legales para la creación e inscripción de los partidos y movimientos, no parecen vallas tan altas que afecten el principio de participación y representación política.
El elevado número de candidatos es consecuencia de una falta de organización partidaria, sin arraigo a nivel local y regional; de lo contrario, el natural ejercicio de la política daría lugar a un progresivo dimensionamiento que termine consolidando con el tiempo un número de representaciones locales, de dos a cuatro movimientos por cada región, así como partidos nacionales con capacidad para postular a las instituciones del gobierno central.

La cantidad de partidos en una contienda electoral no puede prescindir de su calidad al interior (democracia interna) y exterior (democracia representativa). La falta de lo primero es vivir de un espejismo, la confirmación de una maquinaria que sólo sirve para tramitar procesos electorales (su fin último y principal); si falta lo segundo, se traduce en no saber transmitir una clara ideología, la acción para realizar el bien común, la formación de personas y, en consecuencia, la producción de candidatos que sepan representar a todos los ciudadanos que comparten su ideario.

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El mundial y su efecto distractor. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), lunes 18 de junio de 2018.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

La fiebre del fútbol produce un efecto distractor en los ciudadanos que los políticos suelen aprovechar para tomar toda clase de decisiones, muchas de ellas impopulares. El ambiente, la cobertura periodística, los buenos partidos, la expectativa general para ver a tu selección disputando los octavos o cuartos de final, relativizan la preocupación por temas de real relevancia; en el caso de nuestro país: el alza de impuestos, la inseguridad ciudadana, las leyes y resoluciones que suscitan polémica, parece que todas ellas ocupan, temporalmente, un modesto segundo plano.

La distracción que produce el campeonato mundial  se mantendrá hasta la final, clasificados o no.  Se trata de un tiempo que nuestras autoridades locales y nacionales pueden aprovechar para establecer una lista de prioridades a ejecutar sin ruido político alrededor; por ejemplo, impulsar la obra pública en favor de la reconstrucción del norte, limpieza profunda de calles, veredas y parques, saneamiento y ornato, son la oportunidad para ofrecer una mejor imagen y compromiso con la ciudad, especialmente en un año electoral.

Una vez culminado el mundial volveremos a tratar los temas de coyuntura nacional, es importante no perder de vista que los problemas esperan una oportuna solución. Por eso, sería lamentable que, ante la “mundialitis”, el gobierno central deje de pensar en lo importante esperando que las cámaras y reflectores les devuelvan la cobertura mediática.

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¿Qué podemos esperar de un gobierno de transición? Publicado en Semana (Suplemento dominical del Diario El Tiempo), domingo 1 2018.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)

Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

 

En los dos primeros meses de gobierno del Presidente Martín Vizcarra observamos un desplome en su aprobación popular. La falta de coordinación existente entre sus ministros de estado, como por ejemplo el reajuste del impuesto selectivo al consumo para cubrir el déficit fiscal y que fuera apodado como “paquetazo” por los medios de comunicación, así como la consecuente renuncia del titular de economía ante la decisión de realizar una contramarcha a las recientes medidas tributarias, evidencian una falta de sincronización ideológica fruto de un Consejo de Ministros consensuado para lograr la aprobación de la cuestión de confianza e investidura.

Los problemas heredados por el actual gobierno, como el inminente informe final de la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato, la declaración de nuevos testigos desde Brasil, el proceso de suspensión de tres parlamentarios acusados por los “Mamami audios”, sumada a las denuncias por la compra de equipos electrodomésticos en el Congreso y aumento del personal administrativo en una coyuntura de protesta por la subida de impuestos y combustible, se han convertido en una dura prueba en el estreno de un nuevo jefe de estado y consejo de ministros.

En los distintos medios de comunicación, a través de entrevistas y mesas de análisis, se pueden recoger un conjunto de diagnósticos y recetas, así como críticas constructivas y zozobra respecto a un ejecutivo heredado por dos past gobernadores regionales; lo cierto, siendo positivos, es que se aplicaron los mecanismos de sucesión presidencial previstos en nuestra forma de gobierno, el cual fue destacado por la prensa internacional y los indicadores económicos mostraron una estabilidad que confirmó positivamente la transición democrática. Las notas de la prensa extranjera señalan más bien de un fortalecimiento del sistema.

Se ha insinuado que el actual jefe de estado no fue electo, pero sabemos que pertenece a la misma plancha presidencial del que fuera su titular, para ocupar la primera vicepresidencia y en el orden constitucional de su legítima sucesión; también se ha mencionado que la ciudadanía debe conocer si hubo, o no, un pacto con las fuerzas de oposición para formar gobierno, un deseo de máxima información que sólo debe formar parte de la lectura política del gobernante que es capaz de reconocer la realidad, la circunstancia en la que se encuentra inmerso, la expectativa de la población por sus resultados y el reconocimiento sobre lo que realmente puede lograr hasta julio de 2021, mes y año que culmina su mandato.

Las distintas voces y marchas que promueven el cierre del Congreso y necesidad de convocar a nuevas elecciones generales tampoco parecen provenir de una inspiración democrática, que no se diferencia de los promotores del golpe de estado del 5 de abril de 1992. La institución parlamentaria, al ser el centro de discusión política en democracia, es natural que se desenvuelva en un clima a veces tenso y algo provocador, sin dejar de añadirle los “condimentos nacionales” que convierten al Congreso peruano en lo que es ante los ojos de todos; una asamblea multipartidista compuesta por facciones ideológicas radicales, capitalistas populares, conservadoras de la “vieja guardia” y de regiones políticamente emergentes; la mayoría sin formación política partidaria, donde predominan más los intereses particulares y, también para ser positivos, con una lenta pero progresiva incorporación de jóvenes y prometedores congresistas en los últimos cuatro procesos democráticos consecutivos.

Los gritos callejeros en favor del cierre del Congreso y convocatoria para nuevas elecciones se traducen en el levantamiento de una bandera antipolítica, que desconoce la previsión de los constituyentes al redactar la Carta de 1993 y que dieron resultado en otros momentos históricos, como la presidencia transitoria del Dr. Valentín Paniagua Corazao; improvisar salidas a una crisis es camino al desgobierno, las disposiciones constitucionales sobre la forma de gobierno nos señalan el camino de solución; si el legislativo desea conocer la marcha de un sector del gobierno, puede invitar al ministro o incluso interpelarlo; si no responde a las exigencias del cargo, cabe su renuncia y posterior sustitución (como si fuesen fusibles que se cambian cuando se gastan), si ha perdido la confianza del Congreso procederá su censura individual o de todo el gabinete; pero si ha negado confianza a dos consejos de ministros el jefe de estado puede disolver el Congreso; fuera de este marco de relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo no caben otras soluciones, lo contrario se convierte en sedición, es decir, el levantamiento de un grupo de personas (naturales o jurídicas) contra el gobierno y con el fin de derrocarlo.

El proceso de sucesión democrática no se agota con la juramentación del nuevo presidente e investidura de su gabinete, exige un tiempo de reacomodo, con el agravante que no se trata de un partido de gobierno organizado, con claros principios ideológicos, compuesto por militantes y cuadros político-técnicos formados en sus canteras. Nada de eso y más bien todo lo contrario. Es cierto que el tiempo transcurre y llevamos casi la mitad de un ejecutivo sin poder comenzar y alcanzar una velocidad de crucero, en paralelo a las normales desavenencias con el resto de fuerzas políticas en el Congreso. Por eso, la necesidad de sincerar la posición política del gobierno con un gabinete uniforme ideológicamente parece el camino de solución, quizá no de todos los problemas que suele tener todo régimen democrático, pero si la creación de un equipo de trabajo a cambio de una suma de técnicos de ideología diversas, el cual es más propio de transiciones cortas, cuando el Presidente del Congreso asume la jefatura de estado luego de la renuncia o vacancia sucesiva de los dos vicepresidentes.

¿Qué se puede exigir al gobierno actual? El sentido común nos dice que continúe con las políticas que vienen surtiendo efectos positivos (por ejemplo los beneficios tributarios a la agro exportación), la necesidad de recortar drásticamente el gasto público con duras decisiones que a mediano y largo plazo la ciudadanía le agradecerá, encaminar la solución a la falta de seguridad ciudadana y volver a brindarle un nuevo impulso a la economía con las llamadas reformas de segundo piso que, a no dudar, comienzan por la formalización de la economía y el empleo. Para poder lograrlo, se hace necesario un clima de estabilidad y alianzas con las fuerzas políticas que comparten su visión del país y la sociedad, con la mejor garantía de un jefe de estado que no tiene pretensiones de permanencia en la escena política, salvo la de culminar un mandato constitucional otorgado al partido ganador de las elecciones generales de 2016, así como la satisfacción de haber servido al país, estar a la altura de las circunstancias, y retornar al normal desarrollo de su vida personal, familiar y profesional. Son pocos los políticos que pueden tener ese privilegio, cito a uno de la democracia moderna, Thomas Jefferson, que dijo: “sólo hice dos cosas en mi vida, fundar un país y una universidad”.

El ejecutivo no podrá navegar solo en esta aventura, se trata de una barca con dos remos, uno cogido por él jefe de estado y su gabinete, otro tomado por el Congreso, ya sea por mayoría propia (que no es el caso) o por coalición con las fuerzas políticas afines (real politique). Debemos tener en cuenta que la historia democrática del país recién se está escribiendo a pocos meses del bicentenario, nos duela o no la realidad es así, por eso el tiempo transcurrido durante los inéditos cuatro periodos democráticos consecutivos son una fuente de aprendizaje en la tarea de gobernar conforme a las reglas del estado de derecho. La rectificación y ofrecimiento de disculpas del Presidente del Congreso sobre el modo de votación del pasado miércoles 6 de junio, ahora sí excluyendo a los miembros de la comisión permanente como se desprende de la interpretación del reglamento parlamentario, es un acto a destacar y debe reconocerse como parte de un proceso de aprendizaje en nuestra joven democracia, que no es otra cosa que el gobierno de las mayorías respetando a las minorías.

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El camino está previsto por la Constitución. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), lunes 11 de junio de 2018.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)

Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

 

Las distintas voces y marchas que promueven el cierre del Congreso y la necesidad de convocar a nuevas elecciones generales no parecen provenir de una inspiración democrática. La institución parlamentaria, al ser el centro de discusión política en libertad, es natural que se desenvuelva en un clima a veces tenso y algo provocador, sin dejar de añadirle los “condimentos nacionales” que convierten al Congreso peruano en lo que es ante los ojos de todos; una asamblea multipartidista compuesta por facciones ideológicas radicales, capitalistas populares, conservadoras de la “vieja guardia” y de regiones políticamente emergentes; la mayoría sin formación política partidaria, donde predominan más los intereses particulares y, también para ser positivos, con una lenta pero progresiva incorporación de jóvenes y prometedores congresistas en los últimos cuatro procesos democráticos consecutivos.

Los gritos callejeros en favor del cierre del Congreso y convocatoria para nuevas elecciones se traducen en el levantamiento de una bandera antipolítica, que desconoce la previsión de los constituyentes al redactar la Carta de 1993 para resolver las crisis de coyuntura. Por eso, improvisar otras salidas es camino al desgobierno, las disposiciones constitucionales sobre la forma de gobierno nos señalan la ruta de solución, fuera del marco de relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo (investidura, preguntas, interpelaciones, censura, cuestión de confianza y una eventual disolución parlamentaria condicionada a dos gabinetes censurados) no caben otras soluciones, lo contrario se convierte en sedición, es decir, el levantamiento de un grupo de personas (naturales o jurídicas) contra el gobierno y con el fin de derrocarlo.

 

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Rajoy y su destino sudamericano. “De mar a mar”, columna de opinión publicada en el Diario El País (Edición Digital), lunes 4 de junio de 2018.

España tiene muchas dimensiones iberoamericanas, la falta de transparencia es una de ellas.

 

Por: Carlos Pagni

 

La corrupción se cobró un gobierno en España. Mariano Rajoy fue desalojado del poder después de la condena dictada por la Audiencia Nacional contra los responsables del caso Gürtel. La investigación, que duró más de una década, reveló una red de financiamiento ilegal del Partido Popular (PP). Y motivó una moción de censura que puso al frente de la administración al socialista Pedro Sánchez, sostenido por una coalición parlamentaria variada y contradictoria.

La suerte de Rajoy tiene interpretaciones diversas y complementarias. La más lineal ve su caída como la sanción política inevitable a la degradación que puso de manifiesto el pronunciamiento de los jueces. Hay una lectura más suspicaz: el castigo a Rajoy facilitó la formación de una alianza que intentará, desde el poder, detener el ascenso electoral de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, pronosticado en todas las encuestas. Desde este ángulo, Rivera aparece como víctima de su falta de prudencia, cuando se lanzó sobre el cuello de Rajoy después de la sentencia.

El ex primer ministro del PP hizo mucho a favor de su destino. Fue incapaz de gestionar el saneamiento de su partido. Y prefirió presentar el entramado Gürtel como un inventario de episodios aislados. Ofreció a esa descomposición una respuesta similar a la de muchos otros desafíos: aguantar.

Rajoy no vio con claridad que el hartazgo frente a la corrupción está en la raíz de la nueva configuración política de España. Rivera avanza envuelto en la bandera de la regeneración moral. Antes lo hizo la izquierda de Podemos. Es comprensible. La falta de transparencia remodela la relación de la sociedad con la vida pública.

España tiene muchas dimensiones iberoamericanas. Este problema es una de ellas. Acaso la más desagradable. El desencanto ético desencadena procesos de inestabilidad política a ambos lados del Atlántico. Las tres grandes campañas electorales que se cursan hoy en América Latina están dominadas por el debate sobre la corrupción.

El 17 de junio, en Colombia, el izquierdista Gustavo Petro enfrentará al favorito, Iván Duque, que es apadrinado por el expresidente Álvaro Uribe. El principal argumento de Petro es que Duque es un instrumento de Uribe para conseguir impunidad. Ambos, Duque y Petro, compiten por ver quién es más duro frente a la inmoralidad administrativa.

En México, la consigna principal del candidato más aventajado para el 1 de julio, el populista Andrés Manuel López Obrador, es el combate a la corrupción. Acaba de anunciar un programa de cooperación con las Naciones Unidas para alcanzar ese objetivo. La promesa de López Obrador hace juego con un gran descreimiento en la política tradicional: las encuestas indican que más del 70% de los mexicanos jamás votarían por el PRI, el partido del gobierno. El telón de fondo sobre el que se recorta este debate es espeluznante. La violencia, asociada con el narco, está ensangrentando la campaña electoral. Desde que comenzó, según informó Sonia Corona el domingo pasado en EL PAÍS, fueron asesinados 107 candidatos.

Brasil, escenario de la tercera gran batalla por el poder, navega en medio de una niebla espesa. El caso Lava Jato minó la credibilidad de toda la clase política. El candidato con mayor intención de voto, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, está en la cárcel por haber recibido un departamento de regalo a cambio de contratos en Petrobras. Le sigue Jair Bolsonaro, un exmilitar reaccionario y antisistema. En una segunda vuelta sería enfrentado por los izquierdistas Ciro Gomes o Marina Silva. El centro sigue vacío: el socialdemócrata Geraldo Alckmin no supera el 8% en ningún sondeo. 15 de los 20 candidatos más competitivos enfrentan más de 100 investigaciones por corrupción.

Este es el panorama a cuatro meses de las elecciones. La ola de desconfianza que corroe a la clase política amenaza con salpicar al sistema democrático. Frente a la grave huelga que protagonizaron los camioneros durante nueve días, en protesta por el aumento en el precio de los combustibles, Michel Temer ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas para disolver cortes de ruta. En varias ciudades brasileñas aparecieron carteles pidiendo el regreso de los militares al poder. Lo que parecía imposible, reapareció.

El paisaje es de una deprimente monotonía. Sobre la dictadura de Nicolás Maduro, en Venezuela, pesan acusaciones que incluyen las de vínculos con el narcotráfico. Los últimos 6 presidentes de Guatemala enfrentaron graves y verosímiles denuncias por corrupción. El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli permanece detenido en Estados Unidos por irregularidades durante su gestión. Y sus dos hijos están siendo investigados por cobro de sobornos de Odebrecht. La relación con esta compañía brasileña provocó la caída del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. La Argentina asistió, durante los 12 años de la era Kirchner, a un fenómeno de híper corrupción, cuya manifestación más grotesca fue la escena de un ex secretario de Obras Públicas revoleando 9 millones de dólares, a las tres de la madrugada, tras los muros de un convento.

Rajoy podrá decir, como el protagonista del Poema conjetural de Borges, “al fin me encuentro con mi destino sudamericano”. Porque la caída del gobierno del PP incluye a España en este cuadro patológico, del cual la región tendrá, con urgencia, que curarse.

 

Link: https://elpais.com/internacional/2018/06/04/america/1528130686_826452.html