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LA UNIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL EN EL MARCO DE LA REFORMA DEL ESTADO

Carlos Hakansson

La propuesta de unificar los organismos que actualmente conforman el sistema electoral es una iniciativa para retornar al modelo que ha caracterizado al Derecho Constitucional peruano. Si bien esa no fue la voluntad del Constituyente de 1993, no debemos olvidar que la teoría constitucional también contempla el poder constituyente constituido, es decir, la posibilidad de reformar la constitución por medio de un procedimiento que es rígido, especial, de mayorías calificadas, y que está confiado al Congreso; es decir, si bien la voluntad del constituyente histórico es una referencia importante para tener en cuenta ante una eventual reforma que desvíe la tradición y natural evolución histórica de los textos constitucionales; precisamente, en este caso lo que se busca es tratar de retornar a la tradición del modelo electoral peruano que terminó de configurarse bajo la Constitución de 1979. La unificación de los órganos electorales deberá superar un procedimiento rígido para aprobar una enmienda constitucional, pues no olvidemos que la Constitución también organiza las instituciones políticas.

El desarrollo y avance técnico de los procesos electorales llevados a cabo por la ONPE y los servicios de información, mejoramiento y actualización de la data para la elaboración del padrón electoral previstos por el RENIEC, no se pierden, sólo estarán jerárquica y funcionalmente dependientes del JNE. Pero la reforma del Estado no puede ser conducida en solitario por el Ejecutivo, sino que demandará un gran consenso entre las fuerzas políticas con estable representación parlamentaria. Ese será el principal problema en la práctica. La carrera que realiza el gobierno para reformar el aparato estatal no puede entenderse como una competencia de cien metros sino más bien de postas en un campeonato de atletismo, donde el Presidente y su Consejo de Ministros deben realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir las metas que puedan alcanzar durante sus cinco años de mandato, para luego entregar ese testimonio al gobierno siguiente; por eso, nos encontramos ante la necesidad de suscribir un pacto entre todas las fuerzas políticas. En ese sentido, no debemos ver a la Constitución como sinónimo de obstáculo sino más bien de prudencia; es ella la fija el mandato presidencial, parlamentario y los procedimientos para realizar las reformas con la madurez necesaria; nos dice además que el gobierno no podrá terminar todo lo iniciado, que necesita crear el consenso para que la reforma estatal pueda concluir satisfactoriamente.

Finalmente, la prudencia nos dice que mientras no tengamos un sistema de partidos sólido y estable, en vez de débil y volátil, no podremos realizar un pacto para encauzar todas las enmiendas necesarias sin alterar o deformar los proyectos de reforma que se presenten al Congreso, pues, lo que ocurrirá es que celebraremos acuerdos con partidos que, probablemente, carezcan de representación en el futuro, con lo cual los parlamentarios debutantes no se sentirán comprometidos con dichos pactos, especialmente si uno de aquellos fuese, eventualmente, también partido de gobierno.

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