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SOSA SACIO, Juan Manuel (coordinador): Pautas para interpretar la Constitución y los derechos fundamentales, Gaceta Jurídica, Guía 6, 2009, Lima, 238 págs.

Carlos Hakansson Nieto

El artículo dieciséis de la histórica, y vigente, Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 establece que “[t]oda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”. En efecto, toda Constitución debe ser comprendida como un marco de protección a la persona humana, por eso no cabe que pueda ser perjudicada por un erróneo ejercicio de la interpretación judicial. En la judicatura de influencia europea continental, los principios que informan y ayudan a los jueces a conocer e interpretar la Constitución al caso concreto, han promovido un desarrollo doctrinal nunca antes visto en esta rama del Derecho. Los principios de unidad, concordancia práctica, corrección funcional, función integradora, fuerza normativa y favor libertatis, entre otros, son herramientas que nos han permitido comprender que los clásicos métodos de interpretación no son suficientes para producir Derecho en materia constitucional; y si a ello agregamos los tipos de sentencias del Tribunal Constitucional y la creación de los precedentes vinculantes, nos encontramos en una etapa de tránsito del juez legal al de formación constitucional, un proceso que también configura la nueva posición de una Corte especializada para el control constitucional abstracto, es decir, un órgano que nació como legislador negativo para convertirse en uno positivo.

El libro colectivo titulado: Pautas para interpretar la Constitución y los derechos fundamentales, busca aproximarnos al nuevo papel que les corresponde desempeñar al Tribunal Constitucional y resto de operadores judiciales en materia de protección a los derechos y libertades. El libro comienza con una premisa básica que sustenta cualquier planteamiento sobre el estudio e interpretación de los derechos y libertades: la persona humana como centro y fin del derecho. El Profesor Luis Castillo Córdova aborda la materia argumentando que el Derecho se formula tomando en consideración la naturaleza y consecuente dignidad de la persona humana, para poder servirla y realizarla. Todos los principios de interpretación deben tener como norte esta principal premisa para su estudio; entre ellos, el libro destaca el de favor libertatis, pues, como sostiene Úrsula Indacochea Prevost, expresa el mayor valor que se otorga a la libertad del ser humano y la necesidad que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como máximo garante de los derechos, lo distinga entre otros principios afines o que se encuentran vinculados.

Los principios son aquellas instituciones que poseen cierta proyección normativa de las cuales se pueden obtener reglas jurídicas; como sabemos, no todos se encuentran en la Constitución, muchos están fuera de ella. La presencia de principios generales del Derecho en las constituciones es consecuencia de su más difundida acepción: la Constitución como “norma de normas”. De ahí el salto para su consideración como “gran principio jurídico general”, o “conjunto de principios generales del Derecho”. Contrarios con este significado, pensamos que si el Derecho Constitucional tiene autonomía, lo coherente es que la Constitución sólo contenga sus principios informadores, excluyendo aquellos que sean ajenos a su naturaleza y finalidad. En todo caso, las disposiciones constitucionales deben ser para los jueces una fuente inspiradora de principios. En nuestra opinión, los principios están más a gusto en un mundo de sentencias, cuando son invocados por los jueces. El conflicto se plantea cuando se quiere llevar al extremo la concepción del ordenamiento jurídico piramidal, cerrado, completo y presidido por una constitución codificada. Al respecto, el trabajo de Jorge Alexander Portocarrero Quispe se ocupa precisamente sobre la distinción entre reglas y principios, exponiendo las tesis de Dworkin y Alexy para poder argumentar una distinción que sea viable; en todo caso, cabe precisar que lo importante es que no sea en el fondo lesiva para la interpretación de los derechos, pues, no cabe colisión entre ellos y la ponderación debe entenderse respecto a las circunstancias, pues los derechos nacen ajustados unos con otros, ya que todos derivan de la dignidad humana en la que no cabe contradicción interna, y tampoco es correcto argumentar la necesidad de una jerarquización de derechos, como si unos fuesen más importantes que otros, pues se afectaría el principio de normatividad directa .

El libro que comentamos también aborda el estudio de los criterios en torno a la actividad de la justicia constitucional, por eso es aquí oportuno citar al Tribunal Constitucional peruano cuando nos dice que sus sentencias “(…) constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado” ; una atribución que, como argumenta el Profesor Pedro Grández en su trabajo sobre la justicia constitucional y argumentación jurídica, requiere no sólo de un Tribunal activista, preparado para formular y resolver cuestiones de moralidad política sino de una teoría del razonamiento y argumentación capaz de ponerle unos límites razonables.

Los juristas brasileños, Gilmar Ferreira Mendes y André Rufino do Vale, también participan en la obra reconociendo el pensamiento del Profesor alemán Peter Häberle en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal del Brasil, que en realidad podría hacerse extensiva a los modernos tribunales constitucionales. Sobre la línea de pensamiento del Profesor Häberle, cabe señalar que la concepción que existe en Europa sobre la idea de Constitución, de la cual somos herederos, nos hacen ver que el Profesor alemán fue uno de los pioneros en vislumbrar y reivindicar la importancia y papel de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales para el enriquecimiento interpretativo de las cartas magnas; es decir, desde muy temprano tenía presente que no estamos ante un documento cerrado sino más bien abierto. No obstante, como sabemos, esta manera de comprender el derecho constitucional es propia de los países anglosajones y más evidente en aquellos que carecen de una constitución codificada, como es el caso del Reino Unido.

Con relación a la judicatura, el mejor sistema de elección para los magistrados también fue una de sus preocupaciones manifestando ciertas dudas acerca del procedimiento estadounidense, en especial la etapa de audiencia en el Senado, pero también reconoce que en otros sistemas la influencia de las fuerzas políticas puede ser determinante para su designación, por eso propone ensayar modelos alternativos. En ese sentido, pensamos que la búsqueda del sistema ideal podría llegar a ser infructuosa dado que hasta la fecha ninguna puede garantizar su plena independencia. Por eso considero que el cargo de juez vitalicio en los países que atraviesan por un exitoso proceso de transición democrática podría contribuir a que los magistrados “fortalezcan su independencia”, es decir, que adquieran con el transcurso del tiempo plena autonomía, sobre todo de los grupos políticos que pudieron influir en su nombramiento. Una solución no exenta de otros riesgos por supuesto.

La afirmación que el profesor Häberle nos brinda acerca de que los derechos fundamentales son abiertos, es decir, que siempre surgen nuevos, tales como la protección del medioambiente y la protección de datos, tampoco es nueva en el derecho anglosajón; por ejemplo, la conocida novena enmienda de la Constitución norteamericana nos dice que “el hecho de que no se enumeren ciertos derechos no deberá interpretarse como una negación o menosprecio hacia otros derechos que también son prerrogativas del pueblo”; es decir, la declaración de derechos no se agota en la Carta de 1787 sino que, como también afirma el Jurista alemán, en caso de necesidad de los hombres deben añadirse nuevas dimensiones de los derechos fundamentales. En ese sentido, si bien se trata de una afirmación poco novedosa para los anglosajones, debemos tener en cuenta que sí lo era en los países de Europa Continental con un modelo de constitución estatista y de derecho positivo.

En la obra colectiva también cabe destacar los trabajos dedicados a explicar el llamado neoconstitucionalismo. Nos referimos a las contribuciones de los profesores Eduardo Hernando Nieto y Felix Morales Luna y el estudio preliminar de Juan Manuel Sosa Sacio, coordinador de toda la obra que recensionamos. El neoconstitucionalismo es un concepto nuevo pero que requiere de ciertos matices cuando se busca definirlo. A mediados del siglo XX, los países europeos también tuvieron que realizar varios intentos para trasladar el Parlamentarismo inglés al continente, experimentos que terminaron en los llamados “modelos racionalizados”; contrariamente, si observamos los países de tradición constitucional veremos que los cambios son muy lentos y que la tendencia es mantener sus instituciones políticas sin incorporar todas las “novedades” a esta nueva, y a veces polémica, forma de entender el derecho constitucional. El llamado neoconstitucionalismo es el resultado de un conjunto de características de las constituciones modernas aplicado en los países de Europa continental e Iberoamérica; nos estamos refiriendo a la protección supranacional de los derechos y libertades, supremacía constitucional, la constitución como normativa directa, los tribunales constitucionales, el contenido constitucional de los derechos, etc. Por todo lo anterior, el neoconstitucionalismo no significa un constitucionalismo más avanzado, como tampoco creemos que exista uno nuevo frente a otro antiguo, pensamos que expresa el avance de Europa continental e Iberoamérica en materia de derechos y garantías constitucionales para dejar de observar a la Constitución como un documento que sólo organiza las instituciones del Estado, una manera de concebir el derecho constitucional en las universidades europeas continentales e iberoamericanas, hasta casi el final del siglo veinte.

Finalmente, la obra, Pautas para interpretar la Constitución y los derechos fundamentales, termina incluyendo las actuales tendencias jurisprudenciales del Tribunal Constitucional peruano en materia de derechos humanos, una importante selección de sumillas que se agradecen pues nos recuerdan lo que la escuela anglosajona aportó en materia de interpretación, que “la Constitución es lo que los jueces dicen que es” .

 

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1 comentario

  1. Lorena dice:

    Digɑmos quee nno esatoy completamente deacuerro cоn el artculo,
    pero est cߋrrecto el сօntenido del mismo.Un saludο!

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