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El problema de la Constitución de 1993. Publicado en el Diario Correo (Piura), Martes 3 de Mayo de 2011.

Carlos Hakansson Nieto

La discusión entre los candidatos presidenciales y sus equipos de gobierno en torno a si la Constitución de 1993 debe ser cambiada, o reformada, no debe interpretarse como la gran solución a los problemas nacionales; un reiterado error en nuestra historia republicana. Debemos recordar que el mínimo constitucional indispensable en todo texto constitucional se resume en lo siguiente: un mecanismo de separación entre los poderes, un mecanismo que evite bloqueo entre ellos, otro que fomente su cooperación, un procedimiento de reforma que exija gran conceso para poder enmedarlas, así como el reconocimiento de derechos, libertades y garantías para su adecuada protección judicial. La Constitución actual posee estos mecanismos, se necesitarán algunas mejoras como en toda obra humana, pero el fondo de la polémica es otro y se comprende mejor cuando vemos que a los emprendedores les gusta por su claridad en el planteamiento económico; que los constituyentes vivos de 1979 la detestan por provenir de un golpe de estado; y los políticos se dividen en tres grupos: los que desean una nueva Carta Magna, los que sólo piden reformarla y aquellos que todavía parecen mostrarse indiferentes al problema.

Si bien es cierto que son once las constituciones formales que preceden la Carta de 1993, que surgió como consecuencia de un golpe de estado promovido por el ejecutivo y redactada por una mayoría favorable al régimen; debemos tener en cuenta que las constituciones no sólo se legitiman por su origen sino también por su ejercicio. El derecho constitucional comparado es de gran ayuda para comprender este tema. La Ley Fundamental de Bonn de 1949 fue una Carta redactada con la anuencia de los países aliados, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y aplicable sólo a una parte de ella, la entonces República Federal Alemana; hoy en día, tras finalizar la guerra fría, en una Alemania unida nadie pone en duda su legitimidad como tampoco la producción jurídica de su Tribunal Constitucional. Otro ejemplo es el caso de Chile, la Constitución de 1980 fue promovida por una dictadura pero hoy, con más de treinta años de vigencia e importantes reformas, es reconocida por su sistema político. Por todo lo anterior, el problema no es el contenido de la Constitución de 1993, que es perfectible, sino la resistencia política para reconocer su legitimidad de ejercicio. Aprendamos de la historia y el derecho constitucional comparado.

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El observatorio constitucional

Martes 3 de Mayo de 2011

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