Inicio » Desde la Cátedra » El anunciado impuesto a la comida chatarra. Publicado en el Diario El Tiempo (Piura), Sábado 6 de Enero de 2012.

El anunciado impuesto a la comida chatarra. Publicado en el Diario El Tiempo (Piura), Sábado 6 de Enero de 2012.

Carla Mares Ruíz

Doctora en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesora de Derecho Tributario (Universidad de Piura)

carla.mares@udep.pe

Hace pocos días el ministro de salud, tomando una de las propuestas que hiciera la organización Foro Salud, anunció la posibilidad de crear un impuesto a la comida chatarra. La propuesta lanzada ha abierto una discusión en la que varios han vertido distintas opiniones, a favor y en contra. Técnicamente, a nuestro entender, no parece una medida idónea. Los impuestos tienen una finalidad fundamentalmente recaudatoria, aún cuando cabe crear impuestos con fines extrafiscales. Es decir, el Estado podría servirse de los impuestos para impulsar ciertas políticas que en un contexto determinado considera convenientes. Esto es lo que ocurre teóricamente, por ejemplo, con el ISC. Éste es un impuesto específico sobre el consumo de ciertos bienes que se entienden perjudiciales y se decide imponer sobre ellos un sobre costo fiscal para disuadir a la gente de que lo consuma (piénsese en el tabaco o el alcohol). Es cuestionable si este impuesto realmente cumple tal finalidad. No parece muy creíble que alguien deje de fumar un cigarro o de tomar una cerveza porque se aplique un impuesto que encarece el precio de estos productos. Otro impuesto con un fin extrafiscal lo encontramos en el ITF, que se crea para combatir el fraude fiscal y la evasión, pues se implementa junto con la bancarización para controlar las transacciones comerciales y erradicar progresivamente la informalidad y la economía sumergida. Sin embargo, no parece haber detrás de este gravamen una verdadera manifestación de riqueza (patrimonio, renta o consumo) que pueda justificar este pago al Estado. La simple circulación del dinero a través del sistema financiero no evidencia una capacidad contributiva que valide un aporte al sostenimiento del gasto público. Nadie discutiría la conveniencia de alcanzar los fines perseguidos por los impuestos antes señalados, la pregunta es si el impuesto es la fórmula más adecuada para que un Gobierno desarrolle las políticas sociales o de otra índole que considera necesarias en un momento dado. En nuestra opinión, con este tipo de medidas se desnaturaliza la figura impositiva y se corre un peligro aún mayor: que el Gobierno de turno tome como excusa cualquier fin deseable por todos para hacer un uso indiscriminado de la potestad tributaria que le confiere la Constitución y se haga pagar al ciudadano unos impuestos que no se corresponden con ninguna manifestación de riqueza.

Adicionalmente, está el tema de la neutralidad. Éste es un principio económico que ha ido haciendo más suyo el Derecho Financiero. La neutralidad exige, entre otras cosas, que el Estado no utilice los tributos para condicionar o direccionar las decisiones de los distintos actores económicos en el mercado ni tampoco para promover o reducir el consumo de un producto o de una actividad determinada. El Estado puede llevar a cabo sus objetivos políticos en los distintos ámbitos de muchas formas y, vale decir, con resultados mucho más satisfactorios que lo que podría conseguirse con la simple aplicación de un gravamen. Concretamente, en el caso del anunciado impuesto sobre la comida chatarra, si el fin es evitar o reducir el consumo de grasas, hay que decir que un impuesto poco puede hacer para que un aficionado a las hamburguesas, por ejemplo, deje de consumirlas porque cuestan un sol más. Parecería más efectivo que el tema se intente resolver a través de un programa de políticas públicas, en el sector salud y en el sector educación, que apunten a promover el consumo de alimentos sanos (por ejemplo, informando a la población sobre lo que constituye una dieta balanceada; haciendo campañas de sensibilización que divulguen los efectos dañinos que tiene el consumo en exceso de comida con alto nivel de grasa, azúcar o sal). También se podría disponer, como lo ha hecho Estados Unidos, que en los kioskos de los colegios se restrinja la venta de productos poco sanos y con escaso valor nutritivo, cuyo consumo puede ocasionar sobrepeso. Lógicamente esta medida se entiende dentro de un ámbito en el que los consumidores están en un período de formación, en el que pueden aprender a comer sano y a gustar de productos más nutritivos. Esto promovería que los niños, luego adultos, lleguen a preferir una fruta o un jugo natural, en lugar de una golosina o una gaseosa.

Estas consideraciones nos hacen pensar que un impuesto no es la solución si lo que realmente se busca es mejorar los hábitos alimenticios de la población. Por ello, no nos extrañaría que el Gobierno haya visto en esta posible medida un modo de financiarse y obtener un ingreso adicional a costa de encarecer el precio de un producto cuyo consumo es masivo, y que no será menos masivo por el simple hecho que haya un impuesto detrás. No nos engañemos, muchas veces bajo el argumento de que se persigue un buen fin se han creado impuestos antitécnicos, que incluso podrían llamarse inconstitucionales si se someten a un examen fino y riguroso que haga evidente su transgresión a los principios tributarios reconocidos expresamente en el artículo 74 de la Constitución y a otros principios que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como el principio de capacidad contributiva o de provocación de costes. Estos principios no sólo sirven de límite al ejercicio de la potestad tributaria sino que además deben informar el contenido mismo de las diversas especies tributarias. Si se entiende bien lo que es un impuesto y se ejerce la potestad tributaria teniendo en cuenta los principios que lo fundamentan, otro sería nuestro sistema impositivo y posiblemente otra sería también la actitud del ciudadano al momento de pagar sus tributos.

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Desde la Cátedra

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1 comentario

  1. Mercedes Petracco dice:

    Carla muy buen artículo, efectivamente aplicar ese impuesto resultaría absurdo, la buena alimentación no va a mejorar con la ley tributaria, pero si podría cambiar con la “ley familiar”, aquella que empieza en casa.

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