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La naturaleza de los programas sociales. Publicado en el Diario El Comercio (Edición Regional), Sábado 26 de Enero de 2013.

 

Carlos Hakansson

Doctor  en Derecho  (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)

Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)


Los programas sociales tienen (como finalidad) el deber de disminuir las diferencias económicas, sociales y culturales que existen entre los ciudadanos. Se trata de realizar la llamada igualdad material, el paso siguiente de una declaración de igualdad formal, reconocida en el catálogo de derechos de los textos constitucionales; además, las personas que gozan de los diferentes programas sociales serán aquellas que, por determinadas circunstancias, califican para ser sus beneficiarias, mientras subsistan las razones objetivas que las hagan merecedoras de una atención especial por parte del Estado.

El programa Pensión 65, para ciudadanos en extrema pobreza, condición determinada por el sistema de focalización de hogares (SISFOH), busca brindar una ayuda económica a las personas que, teniendo la edad para jubilarse, por falta de oportunidades, no tengan derecho a una pensión de jubilación por no estar afiliadas a la seguridad social (Essalud). Es el caso de personas mayores que no pudieron acceder a un trabajo formal y que, con mayoría de edad, no podrían seguir trabajando. De esta manera, el Estado busca superar las evidentes desigualdades otorgando una pensión que compense las oportunidades que no se pudieron promover entre los ciudadanos.

El derecho a gozar de los programas sociales atiende a razones personales, de índole objetiva, la solidaridad familiar para con los titulares de estos derechos no debe ser un impedimento para poder acceder a su solicitud; como sabemos, la solidaridad no se reglamenta, se trata de una natural disposición personal o familiar para ayudar a los más necesitados sin pedir nada a cambio.

El bienestar de la persona o comunidad es la razón de ser de cualquier acto solidario. Por eso, el hecho de que una persona con evidentes necesidades de atención de salud, abrigo o manutención, tenga familiares con mejor situación económica, social o cultural, no debería impedir la titularidad de acceder a los programas sociales, pues, como mencionamos, los actos de solidaridad son producto de un natural deber de conciencia de la persona, familia y la sociedad para ayudar a los demás realizando así la dignidad humana.

Los familiares de funcionarios de la administración pública, que sean beneficiarios de un programa social, deberán ser denunciados a través de un medio de comunicación solo si existe un interés público; es decir, si la prestación ha sido otorgada como producto de una evidente irregularidad o por carecer de todos los requisitos.

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