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Sobre la función fiscalizadora. Publicado en el Diario El Comercio (Edición Regional), Sábado 10 de Agosto de 2013.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

Las funciones de todo parlamento se resumen en representar, fiscalizar y legislar; de todas ellas, la primera subyace  en las otras dos, los parlamentarios fiscalizan y legislan gracias al principio representativo que goza todo congresista. En esta oportunidad vamos a referirnos especialmente a la labor de fiscalización parlamentaria, la facultad que tienen los congresistas para controlar, políticamente, los actos del poder ejecutivo.

En el derecho constitucional comparado, concretamente en el Reino Unido, la organización parlamentaria dedicada al control gubernamental lleva el nombre de “gabinete en la sombra” (shadow cabinet), no por tratarse de un poder ejecutivo en paralelo sino por la especialización que conlleva su labor de fiscalización, es decir, al ministro de economía lo fiscalizará un parlamentario especializado en temas económicos, al ministro de educación uno con especialidad similar, etc; se trata entonces de personas que en un futuro, cuando su partido político sea gobierno, se convertirán en ministros del gabinete del Primer Ministro elegido.

La función fiscalizadora es una facultad que forma parte del ordinario quehacer parlamentario, no debe circunscribirse a la tarea monopólica de una comisión como ocurre en el Congreso peruano, por eso se entiende la pugna de las bancadas más numerosas en asumir su presidencia. La función de fiscalización debe ser fruto de un trabajo permanente del parlamentario y su equipo de asesores en cada comisión, por eso una de las “herramientas” que poseen los congresistas es la facultad constitucional para solicitar los informes que estime necesarios a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley; instituciones que deben dar respuesta por mandato constitucional, caso contrario estarán sujetos a responsabilidad legal (véase el artículo 96).

La concentración de la función fiscalizadora en una comisión parlamentaria sólo contribuye a limitar el ejercicio de una facultad innata en todo congresista, además de fomentar su captura por un partido político y posibilidad de blindar exclusivamente a sus miembros de las acusaciones constitucionales a las que puedan estar sujetos; además, la rotación anual de los miembros de las comisiones parlamentarias afecta el normal desenvolvimiento de la función fiscalizadora, pues no se permite la progresiva especialización de los parlamentarios y el seguimiento del debido control gubernamental.

La fiscalización en el Congreso

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