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La publicidad electoral. Publicado en el Diario El Comercio (Edición Regional), Sábado 11 de Octubre de 2014.

Carlos Hakansson Nieto

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

La semana pasada dos alumnas de comunicación me realizaron una entrevista para pedirme opinión sobre la obligación de retirar la propaganda electoral una vez culminadas las elecciones. Si bien la legislación dispone el deber de los partidos políticos, listas independientes y alianzas para retirar en un lapso de sesenta días los afiches, letreros y pintas por toda la ciudad, siendo acreedores a una multa por las autoridades correspondientes, lo cierto es que se trata de un proceso lento en el que, incluso, todavía se pueden observar algunas pintas de pasados procesos electorales.

La ciudad no dispone de zonas autorizadas para la publicidad, lugares en que los grandes letreros no provoquen cierta distracción al conductor o transeúnte; en realidad ninguna ciudad está preparada en el Perú, incluso la capital se encuentra colmada de carteles y afiches por todo lugar, en parques y jardines, pistas y veredas, a lo largo de la vía expresa y las grandes avenidas.

Las ciudades deberían regular mejor la ubicación y dimensiones permitas para la publicidad electoral, reservando lugares adecuados y sin saturar la vista del ciudadano. No olvidemos que se trata de uno de los muchos medios de campaña, pero no el único; el principal es la difusión de ideas, visión de ciudad, de región, proyectos de corto, mediano y largo plazo, formación de ciudadanía. No debemos limitarnos a los medios que sólo buscan la efectiva recordación del símbolo del partido o movimiento, que es muy importante pero es lo único que debemos tomar en cuenta.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a cada municipalidad velar por el acondicionamiento territorial que incluye el ornato de la ciudad; por eso los municipios serán los encargados de multar a los representantes legales de las organizaciones políticas por el incumplimiento del retiro de la propaganda electoral en el plazo de ley.

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