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Justicia constitucional en las regiones. Publicado en el Diario El Comercio (Edición Regional), Sábado 17 de Enero de 2015.

Carlos Hakansson Nieto
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea )

En el marco del proceso de descentralización, un tema que llama la atención es el poco interés del Estado central en crear nuevas salas constitucionales en el territorio nacional. En el norte del país sólo existe la sala de Lambayeque, otras salas están en Lima y Ayacucho, y si a ello agregamos que la tendencia política es a disminuirlas o eliminarlas el problema es más agudo todavía en el marco de un proceso de desarrollo de la regionalización, pues se trata de tener una administración pública cercana al ciudadano y sus necesidades.

Si bien nuestro modelo de división territorial del poder no tuvo previsto jurisdicciones independientes, todas ellas vinculadas a un Tribunal Supremo como se aprecia en los federalismos norteamericano o alemán, la creacion de salas constitucionales difundidas en todo el territorio y vinculadas a un Tribunal Constitucional es necesaria para garantizar una pronta y mejor administración de justicia en materia de derechos fundamentales.

La pronta e idónea interpretación del Código Procesal Constitucional, con diez años de vigencia, necesita de salas especializadas y presentes en cada región,  todas ellas vinculadas a las resoluciones del Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Carta de 1993. Una política contraria propicia la centralización de la administración de la justicia constitucional, su estancamiento evolutivo como rama independiente y vital para la defensa de la persona y su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado.

Si me permiten la comparación, no olvidemos que las salas constitucionales equivalen a las zonas de atención de emergencia que deben tener todas las clínicas y hospitales, no contar con ellas equivale a poner en alto riesgo a las personas que necesitan una pronta atención. Con los derechos humanos ocurre de modo similar, sin una oportuna y especializada administración de justicia constitucional, la sociedad está condenada a padecer su centralización en la capital.

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