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La labor de un Senador regional. Publicado en el Diario El Comercio (Edición regional), Sábado 21 de Febrero de 2015.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

La semana pasada nos ocupamos de la importancia de un Senado para las regiones; es momento de referirnos acerca de los senadores regionales. Como sabemos, la labor parlamentaria se divide en tres concretas funciones: representar, legislar y fiscalizar; de las tres, la primera subyace o se encuentra íntimamente contenida en las demás, pues, el principio representativo constituye el sello distintivo de la labor congresal.

Una idea clave para comprender el ejercicio de la representación política es que debe concretarse en fiscalizar la correcta administración de la gestión pública, pero sin confundirse con las labores de gestión propias de un ministro, o de tipo asistencial que deben correr a cargo de otras instituciones públicas o privadas. Es cierto que éstas últimas pueden ser muy mediáticas, pero no corresponden a la estricta función congresal.

La composición del Senado requiere de un perfil especial de parlamentario; en primer lugar, se exige una mayoría de edad en comparación con los diputados, precisamente por tratarse de la cámara de reflexión, por eso es importante que el criterio de representación sea en condiciones de igualdad; es decir, dos congresistas electos por región y que, además de preparar y discutir los proyectos de ley, el Senado pueda convertirse en el centro de debate de todos los temas y necesidades regionales.
Se necesita un representante congresal no tanto ocupado en temas de política doméstica sino más bien preocupado en consolidar el proceso de descentralización y garantizar la elección de importantes cargos públicos (Contralor General, Defensor del Pueblo, Superintendentes, Presidente y directores del BCR, Tribunal Constitucional); lejos de la crispación de una Cámara de Diputados, en un clima estable de consenso entre los representantes de cada región y con el mismo peso político, lo cual evitaría el fraccionamiento de las decisiones por las bancadas.

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