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Difusión de la propiedad y conflictos. Publicado en el Diario El Comercio (Edición Regional), Sábado 6 de Junio de 2015.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

Los conflictos sociales surgidos ante la resistencia por la inversión minera y la dificultad del gobierno para encontrar una solución al problema, merecen un enfoque alternativo a proponer mayor responsabilidad social de las empresas mineras o la implementación de medidas relativas a la comunicación para el desarrollo. Un tema que merece especial atención es la necesidad de difundir la propiedad privada de las tierras a los pobladores, que incluya un eventual descubrimiento de recursos naturales en el subsuelo y que motive una reforma constitucional.

La propiedad de los recursos naturales produciría una perspectiva distinta hacia la inversión minera, que trataría directamente con sus propietarios y su deber de tributar al Estado por las rentas surgidas por la explotación. La perspectiva de la población sería distinta, se sentirían los primeros beneficiados económicamente e incluso poder participar en el accionario y utilidades.

La propiedad estatal de los recursos naturales y su concesión privada excluye a los pobladores para beneficiarse económicamente y en forma directa, en lugar de compromisos de inversión para el desarrollo, como caminos, colegios, agua y desagüe, que el Estado igualmente debería brindar producto de su recaudación tributaria.

El principal problema para la viabilidad de este polémico planteamiento no sólo es concretar una reforma constitucional, superando su rígido procedimiento de aprobación, sino cambiar la concepción ideológica respecto a la propiedad de los recursos naturales; es decir, reconocer la plena propiedad privada de la tierra y riquezas a sus dueños, siendo de legítimo interés nacional la distribución social de sus beneficios mediante una efectiva recaudación tributaria.

La plena difusión de la propiedad privada promueve el trato directo de sus dueños con las empresas mineras, evita la falta de entendimiento y desconfianza, estimula la inversión, el crecimiento económico y la prosperidad.

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