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La elección del defensor del pueblo. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), Lunes 5 de Septiembre de 2016.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

El martes 6 de septiembre culminará el proceso parlamentario para la elección del nuevo defensor del pueblo. Una institución de origen escandinavo que se encuentra tan difundida que resultaría extraño no encontrarla reconocida en alguna Constitución contemporánea. La institución nació con fines muy concretos, el deber de proteger a los ciudadanos contra los abusos de la administración pública, una atribución que aparece reconocida expresamente en las constituciones de la postguerra; no obstante, como distintas realidades pueden exigir mayores responsabilidades, algunas constituciones han dotado a la defensoría de otras competencias.

El defensor del pueblo debe defender los derechos fundamentales y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía; además, está facultado para interponer acciones de garantía, una atribución que no ha quedado en la letra de la Carta de 1993.

El defensor del pueblo no es un congresista pero fiscaliza, no es un árbitro pero concilia, tampoco un periodista pero investiga; menos una organización no gubernamental pero realiza diversas campañas de promoción y respeto a los derechos humanos; finalmente, no establece sanciones pero la administración pública teme que su informe anual desapruebe su gestión. En resumen, se trata de una institución que en el Perú viene brindando frutos positivos para un sistema democrático en formación.

*****

Correo (5 de Septiembre de 2016)

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3 comentarios

  1. La defensoría se constituye en un colaborador pero a la vez crítico del accionar estatal.

  2. Carlos Hakansson dice:

    Saludos Arturo.
    Carlos Hakansson

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