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El golpe de Estado en Venezuela. Publicado en el Diario Correo (Edición Regional), Lunes 3 de Abril de 2017.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

Las tensiones entre dos poderes del Estado venezolano, la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional, han dado como resultado una polémica resolución que desautoriza al poder legislativo a ejercer sus funciones por el “desacato” a sus decisiones judiciales; una sentencia que ha sido calificada por la oposición política como un “golpe de estado”. Sin embargo, la información recibida por los medios no se detiene en el contenido de las disposiciones constitucionales que son clave para comprender el problema jurídico-político de la coyuntura venezolana.

De todas las competencias que posee la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 336), son dos las que explican el tema de fondo:

“7) Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estatal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección”. Y,

“9) Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público”.

Una arbitraria interpretación de la Sala Constitucional ha establecido como una forma de “dirimir las controversias” entre ambos poderes, que la Judicatura ejerza las funciones legislativas; una decisión que carece, irónicamente, de sustento constitucional habida cuenta que un poder no puede copar las funciones de otro poder, una regla básica de la teoría de la separación de funciones del ejercicio del poder político; en efecto, los incisos (7) y (9) citados se aplican para la solución de conflictos de competencia concretos entre poderes, pero no para permitir la permanente invasión de uno sobre otro, afectando las reglas del Imperio del Derecho.

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