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El ejercicio de la libertad religiosa. Publicado en el Diario Correo, jueves 2 de julio de 2020.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)

Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

El artículo 12 del Decreto Supremo N°116-2020-PCM publicado el pasado 26 de junio, norma que establece las medidas de la nueva convivencia social, contiene una clara discriminación que afecta la libertad de ejercicio del culto religioso. La razón es que las condiciones para que puedan operar los establecimientos comerciales mediante una apertura que permita a los consumidores adquirir sus necesidades, evitando aglomeraciones y distanciamiento social, son medidas compatibles con la administración que puedan brindar las actividades de cualquier confesión religiosa.

Las guías y protocolos preparados por los templos de las diferentes religiones que se practican en el país pueden llevarse a cabo con más eficiencia que los establecimientos comerciales y restaurantes, donde la cantidad y constante movilización de personas dentro del recinto ─largas colas y permanente contacto con la mercadería─ son riesgos de infección, a diferencia de la práctica de la libertad religiosa donde los fieles pueden guardar una movilidad controlada para ingresar y salir del templo manteniendo distancia social y quietud durante la ceremonia.

El catálogo de derechos de la Constitución reconoce que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole (inciso 2, artículo 2) y el derecho al libre ejercicio público de todas las confesiones (inciso 3, artículo 2). Por eso, si la norma establece la reanudación de actividades mediante el progresivo ejercicio ciudadano de las libertades, cumpliendo con un conjunto de medidas preventivas, resulta irrazonable la prohibición del ejercicio del culto religioso cuando también pueden observarse medidas de control y cuidado colectivo. Si el Estado ha flexibilizado el ejercicio de las libertades de desplazamiento y reunión, recordemos que en un estado de emergencia no se restringe la libertad de culto religioso (véase inciso 1, artículo 137).

La regionalización en emergencia. Publicado en el Diario Correo, jueves 25 de junio de 2020.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)

Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

La Constitución peruana establece que el Estado tiene entre sus deberes primordiales “defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación” (artículo 44). Se trata de una inmediata consecuencia del principio de dignidad de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1). Para lograrlo, se deben poner a su alcance todos los medios jurídicos y económicos. Si la corrupción y falta de capacidad instalada impiden realizar esos fines, parece oportuno recurrir a fórmulas innovadoras como la reciente firma del contrato con el Reino Unido para la asistencia técnica de reconstrucción del norte del país, así como la tarea de edificar colegios y hospitales.

La experiencia de los juegos panamericanos permitió la transferencia de conocimientos técnicos, capacitación de personal e innovación. Con estos antecedentes, debería pensarse en una experiencia similar para mejorar la administración de los servicios de salud pública, con Alemania como uno de los postores del concurso, y Francia como uno de sus candidatos para la seguridad interior, previa declaración de emergencia de ambos sectores para iniciar su modernización. De lo que se trata es mejorar los servicios públicos para todos los ciudadanos y, en paralelo, ampliar la base tributaria y recaudación para su sostenimiento.

En el marco de la noticia de la reconstrucción del norte, estaremos levantando una bandera antipolítica sino reconocemos su vital importancia para la toma de esta decisión, pero será insuficiente si no está acompañada de una revisión y propuesta de reforma a la regionalización, tarea más urgente que regular desde fuera la democracia interna de las organizaciones políticas.

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La receta constitucional. Publicado en el Diario Correo, jueves 18 de junio de 2020.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)

Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

Los países democráticos del primer mundo son estados sostenidos por un sólido sistema político y judicial que opera respetando el marco jurídico. Su común denominador es la vigencia y garantía de un Estado de derecho, más importante que el reconocimiento internacional de un alto grado de inversión. No es la fortaleza económica, tampoco el crecimiento anual sostenido ni el buen producto bruto interno, pues existen estados con indicadores favorables pero sin respeto a las libertades, o potencias mundiales que en realidad son dictaduras camufladas con elecciones periódicas.

La explicación es que los países democráticos del primer mundo son consecuencia de un sólido Estado constitucional que reconoce y respeta las libertades, y su dinámica, cuando son ejercidas plenamente. La libertad individual, personal, de reunión y asociación promueven el ejercicio de las libertades económicas que a su vez permiten el acceso a la propiedad, el derecho trabajo y al desarrollo integral de la persona que obliga a los estados a implementar efectivas prestaciones de salud, educación y seguridad para el bienestar general que son fruto de la recaudación tributaria y a causa de la realización de las libertades. Una dinámica virtuosa.

La receta del constitucionalismo posee unos ingredientes escasos de conseguir en el mercado, es un proceso de lenta cocción que admite una variedad de condimentos; por eso, más importante que importar instituciones para elaborar un nuevo texto constitucional (catálogo de derechos, separación rígida de poderes, jefatura de estado y gobierno, relaciones ejecutivo-legislativo, relaciones fiduciarias, etc.), el reto se encuentra en producir el espíritu del constitucionalismo, cuando se le reconoce como un proceso histórico y cultural. A través de sus sentencias, la justicia ordinaria y constitucional se deben encargar de consolidar el Estado de derecho, que no se compra por internet para su despacho a domicilio. Se conquista.

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Los regímenes de excepción no son un paréntesis. Publicado en el Diario Correo, jueves 11 de junio de 2020.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)

Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

En un Estado constitucional los derechos fundamentales no se suspenden, sólo se restringen temporalmente atendiendo a concretas circunstancias, como ocurre bajo un estado de emergencia. Hace casi noventa días las libertades de movimiento, reunión y asociación, entre otras, no son ejercidas plenamente a causa de la pandemia. Las prórrogas a la cuarentena causan estragos en la economía ocupando espacios y páginas de análisis por especialistas en diversos medios, se trata de uno de los efectos perversos de una medida destinada a reducir el contagio del covid-19; pero el efecto más gravoso es que perdure la restricción al ejercicio de los derechos.

Los regímenes de excepción previstos no son un paréntesis a la constitucionalidad. El centro de atención para las decisiones y acciones del Estado siempre será la persona; las decisiones políticas tomadas desde y para la persona humana serán más ordenadas y consecuentes para afrontar la pandemia y sus efectos en la salud, la educación, el trabajo, la economía familiar y nacional. Es cierto que el PBI anual del país se verá afectado dramáticamente, pero podríamos caer en tecnicismos si sólo nos detenemos en cifras, porcentajes y proyecciones apocalípticas. Desde el punto de vista del derecho constitucional, la decisión política para decretar un estado de emergencia obliga a poner todos los medios para levantarla lo antes posible.

Si bien es ilusorio pensar que la estabilidad, gobernabilidad y seguridad son indicadores constantes ─ni las potencias mundiales pueden garantizarlas en el tiempo─ las constituciones tienen previsto los regímenes de excepción como una decisión extrema de los gobiernos; una vez decretada, el Estado estará obligado a poner todos los medios para levantarla y restablecer la normalidad. El crecimiento económico importa como consecuencia que los ciudadanos vuelvan a ejercer sus derechos y libertades.

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El populismo latinoamericano. Publicado en el Diario Correo, jueves 4 de junio de 2020.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)

Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

El populismo es una corriente ideológica con matices singulares en Latinoamérica; aliada de lo políticamente correcto, los gobernantes dicen lo que el pueblo desea escuchar en todo momento y no lo que un estadista está llamado a comunicar en cada circunstancia. Si el gobernante carece de mayoría parlamentaria buscará la popular. La labor de las encuestas oficiales será medir continuamente el resultado de su retórica y contrastarla con la aceptación que tiene el legislativo, donde también existen opositores populistas. El populismo es una estrategia de conexión utilizada como instrumento para otros fines subalternos: la perpetuidad de una “dictablanda” con un cambio de rostro en cada proceso electoral.

El gobernante populista tiene que ser abanderado de algo que le permita concentrar la atención, ya sea una preocupación, malestar e indignación colectiva permanente (la lucha contra la extrema riqueza, la corrupción, los políticos tradicionales), dirigiendo un ataque selectivo a sus enemigos o a quienes pudieran serlo como candidatos opositores en el próximo proceso electoral. El populismo crónico frena la institucionalidad en favor de la personalización del poder, ya no es el partido sino el candidato, no es el Estado sino el presidente. Si en la misma escena añadimos altos grados de informalidad, el Estado se hace invisible a los ojos ciudadanos y empodera la imagen mediática del gobernante que dice lo que la mayoría desea escuchar.

Los estados democráticos son institucionalizados por definición y dejan poco margen de actuación al populismo. El Poder Judicial y el Parlamento se convierten en grandes muros de contención que impiden propagar y echar raíces las políticas tóxicas en la sociedad, declarando inconstitucionales sus actos arbitrarios o negando su apoyo político, respectivamente. Por eso, no existe un estado constitucional y desarrollado que carezca de un sólido sistema de administración de justicia.

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Querer volver al pasado. Publicado en el Diario Correo, jueves 28 de mayo de 2020.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

A través de una visión retrospectiva, las acciones emprendidas en los últimos dos años sugieren dramáticas consecuencias para el país. El mérito democrático de cuatro gobiernos constitucionales consecutivos tuvo como respuesta un referéndum que, entre otras decisiones, ahora impide la reelección inmediata de congresistas en una sociedad donde el político profesional es un bien escaso; por otra parte, la propuesta integral para una reforma política, todavía en espera, pone su énfasis en la vida partidaria donde no hay renovación de líderes políticos a la vista, ni militantes para formarse en ideas para difundir en la comunidad política (vida, dignidad, libertad, igualdad, propiedad, solidaridad). Si a ello sumamos las selectivas medidas privativas de la libertad a políticos y la decisión final para disolver el Congreso, los resultados de tanto afán de cambio terminaron siendo contraproducentes a lo avanzado en los últimos 30 años.

Otro mérito palpable en las últimas décadas fue el crecimiento económico auspiciado por las reformas constitucionales que permitieron la creación de la nueva clase media que, a pesar de la todavía elevada informalidad que reclama las llamadas reformas de segundo piso, viene siendo descuidada por unas medidas que producirán graves consecuencias para el futuro. Ambas acciones descritas, nos dejan la impresión de un voluntario deseo ideológico para volver al país de fines del siglo pasado cuando termine la pandemia.

Durante el paso del tiempo se pudo y debió hacer más, qué duda cabe, pero la decisión de retroceder lo avanzado a través de decisiones políticas, tomadas antes de la pandemia, nos dejan más que preocupados por el futuro; nuevamente será el esfuerzo e iniciativa de la gente, especialmente del sector informal, la que sacará adelante a los suyos individualmente, sin partidos que los representen, sin políticos que los lideren y sin Estado que los proteja.

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El deber constitucional de rendir cuentas. Publicado en el Diario Correo, jueves 21 de mayo de 2020.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

La Constitución obliga al Presidente del Consejo de Ministros para acudir al Congreso y, luego de exponer sus políticas de gobierno, solicitar la aprobación de una cuestión de confianza. Una vez otorgada, se establece entre ejecutivo y legislativo una relación fiduciaria que sólo se rompe con una moción de censura o con el rechazo de una cuestión de confianza, solicitada nuevamente por el primer ministro o uno de los miembros del gabinete.

El pasado 30 de septiembre de 2019 se decretó por primera vez la disolución parlamentaria prevista en nuestra forma de gobierno; no vamos a ocuparnos ahora si fue o no procedente, pero sí detenernos en una de las garantías para regular el periodo donde el ejecutivo gobierna sin el pleno hasta las nuevas elecciones legislativas (interregno parlamentario). Se trata del deber constitucional del Consejo de Ministros y su presidente para acudir al Congreso electo e instalado, exponer las acciones realizadas durante la disolución y solicitar cuestión de confianza; en este caso puntual, no sólo se trata de crear una relación fiduciaria sino de cumplir con una garantía que cierra las consecuencias políticas y jurídicas surgidas a partir del decreto de disolución.

La cuestión de confianza que debe solicitar el primer ministro no sólo busca la aprobación de sus políticas de gobierno, sino también validar las acciones tomadas entre la decisión del jefe de estado para disolver y la instalación del nuevo Congreso; en otras palabras, su cumplimiento establece la diferencia entre un golpe de estado y una disolución temporal prevista por la Constitución. Como mencionamos en una columna anterior, el deber del ejecutivo de rendir cuentas a los congresistas durante el interregno es el último paso para cerrar el episodio político de la disolución parlamentaria.

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La prudencia política. Publicado en el Diario Correo, jueves 14 de mayo de 2020.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

La vicepresidencia es una institución de garantía del presidencialismo, su finalidad es reemplazar en el ejercicio del cargo al jefe de estado en caso de suspensión, ausencia temporal, renuncia, destitución o muerte. En el fondo se trata de evitar el vacío de poder y que sea cubierto por otro miembro de la plancha presidencial electa, que goza de legitimidad para ocupar su lugar inmediatamente. La Forma de Gobierno peruana cuenta con dos vicepresidencias, la Constitución de 1993 permite que puedan ejercer responsabilidades ministeriales, parlamentarias o diplomáticas, pero la experiencia recomienda su perfil bajo sin ocupar otros cargos públicos salvo cumplir concretos encargos presidenciales. La razón es que ambas vicepresidencias deben estar listas para juramentar sin riesgo de arrastrar cuestionamientos por sus labores como congresista o miembro del gabinete; sin embargo, durante los últimos cuatro periodos democráticos constatamos que han tenido una notoria figuración en la escena política.

En la actualidad nacional, si la segunda vicepresidencia presenta su carta de renuncia al Congreso consideramos que se trata de un acto que debe evaluar el pleno y tomar la decisión de aceptarla o no. Nos encontramos bajo una especial circunstancia donde no cabe invocar la renuncia incondicional, será una decisión de la mayoría parlamentaria atendiendo a las circunstancias políticas. En ese sentido, si la naturaleza de la institución consiste en garantizar la continuidad de la gobernabilidad y estabilidad evitando vacíos de poder, para no especular una solución en caso la presidencia no pueda ejercer el cargo por temas de salud (contagio del coronavirus) o ausencia del país, nos preguntamos si resultaba oportuno aceptar la renuncia bajo la coyuntura que atravesamos. Consideramos que cualquier razón para presentar y luego aceptar la renuncia a la vicepresidencia no resulta más importante que los intereses nacionales, especialmente bajo un estado de emergencia.

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Pandemia y derechos humanos. Publicado en el Diario Correo, jueves 7 de mayo de 2020.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

En la columna anterior advertimos que las crisis marcan el momento para tomar decisiones. Los especialistas internacionales han reiterado que la vuelta a la normalidad será gradual, pero también han coincidido que se producirán cambios económicos, laborales, académicos y judiciales, entre otros. Sobre estos últimos, la semana pasada adelantamos que las plataformas virtuales pueden facilitar las diligencias mientras se implementa el expediente electrónico. La confianza que existe en una tarjeta de plástico para confiar un depósito bancario, no debería ocasionar mayor escrúpulo para transitar hacia un ejercicio de la abogacía más informático y virtual, siempre con el debido soporte en seguridad.

Los especialistas también destacan los cambios que se producirán en el mundo laboral, menos oficinas y logística, más teletrabajo, algunos en planilla y otros bajo contrato de locación de servicios y expedición de recibo por honorarios. El problema del transporte público influirá para acelerar la toma de decisiones, como antes del Covid 19 lo venían realizando algunas trasnacionales para sus altos directivos. La necesaria regulación de los servicios públicos y privados para que puedan operar con normalidad se convierte en la oportunidad para iniciar un proceso de formalización económica, con inevitable presión tras postergarse por mucho tiempo las llamadas reformas de “segundo piso” que incluye la revisión del sistema tributario.

El sistema educativo, los colegios, institutos y universidades comprobarán que las videoconferencias llegaron para quedarse, ya sea para recuperar clase o complementarla sin necesidad de solicitar aula y horario especial, para asesorar alumnos a distancia cuando sea necesario, así como contactar profesores extranjeros en vez de invitarlos físicamente para impartir seminarios o participar en congresos internacionales. La dura prueba que atravesamos producirá diversas transformaciones, pero siempre deberán armonizarse con el reconocimiento y defensa a la dignidad humana como fin de la sociedad y el estado.

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Covid 19 e imperio del derecho. Publicado en el Diario Correo, jueves 30 de abril de 2020.

Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)

Los estados que mejor han reaccionado contra la pandemia aplicaron con progresividad medidas para controlar su expansión; de modo similar, la decisión para retornar a la completa normalidad ciudadana deberá responder al mismo principio, pues, el virus del Covid-19 continuará entre nosotros hasta aprobar y distribuirse una vacuna efectiva; en esa espera, deberán implementarse diversos protocolos de ingreso y salida a lugares públicos y privados. La sociedad también deberá atravesar por un proceso mental para aprender a socializarse, cuidando por el bien común las distancias y familiaridades.

Al igual que la sanidad y educación, la administración de justicia también debe continuar con regularidad. La prórroga de las prisiones preventivas, en vez de un arresto domiciliario, o mantener el impedimento de salida del país a extranjeros que son testigos judiciales, resultan actos arbitrarios por ser irrazonables y desproporcionados. Las plataformas virtuales pueden facilitar las diligencias judiciales, mientras se acelera la implementación del expediente electrónico, todavía con ciertas resistencias, pero las crisis son el momento límite para tomar decisiones.

El estado de derecho es la denominación más utilizada en el mundo jurídico europeo continental, por utilizar el concepto de estado como centro de referencia para las instituciones públicas. En el derecho anglosajón, en cambio, se reconoce el Rule of Law o imperio del derecho, es decir, un mismo derecho y juez para todos y por igual. Con el tiempo, ambos conceptos casi se han equiparado a pesar de sus raíces distintas, pero bajo cualquier circunstancia, incluso en tiempos de pandemia, debe regir en una comunidad política porque pone límites al ejercicio del poder, pues, más que celebrar los índices de crecimiento económico, del ingreso per cápita y el producto bruto interno, el principal cimiento de un país desarrollado reposa en su administración de justicia.

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