Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)
Las opiniones en favor de declarar en emergencia la judicatura y el Ministerio Público olvidan que ningún órgano constitucional tiene competencia para proponer reformas fuera del Estado de Derecho. Es cierto que tenemos antecedentes de intervenciones promovidas por dictadores y presidentes populistas; la reforma de la justicia durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado es un ejemplo en dictadura. La más reciente en democracia fue la reforma constitucional que introdujo la Junta Nacional de Justicia, en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, gracias al capital político del expresidente Martín Vizcarra, y que fuera ratificada por referéndum. Las consecuencias en ambos casos resaltan a la vista ciudadana.
Las instituciones como la judicatura y el Ministerio Público están reconocidas por la Constitución de 1993. Las reformas profundas en democracia se llevan a cabo por cambios o ajustes constitucionales y también legales. Las reformas judiciales en países con tradición democrática como Uruguay demandaron tiempo y fueron en varias etapas, con la finalidad de modernizar y hacer más eficiente el sistema de justicia. La tarea legislativa para reformar el código de procedimientos penales, fortalecer a la Fiscalía y una modernización en la infraestructura y medios tecnológicos, así como la mejora en el sistema penitenciario, la capacitación continua de jueces y fiscales y la participación ciudadana para acceder a la administración de justicia son algunas acciones que también se han ido implementando en nuestro país, pero con distintos resultados. En el Perú, la crisis debe poner especial atención a los contenidos formativos.
El Congreso, cuando obra como poder constituyente delegado, tiene la competencia para impulsar un procedimiento de reforma constitucional, siempre que cuente con el consenso en dos legislaturas ordinarias sucesivas. En ese sentido, el deseo de aprobar una nueva Academia Nacional de la Magistratura con el encargo de formar y nombrar a los futuros jueces y fiscales, resulta una propuesta interesante y auspiciosa por su nueva estructura, pero sin olvidar el problema de fondo: los profesores que formarán a las futuras generaciones de titulares de la acción penal y la administración de justicia.
En los últimos veinte años su formación ha devenido en una “limpieza de títulos” provenientes de universidades con diplomados y maestrías, mediante convenios de alianza público-privada para capacitarlos con una retórica que relativiza la posición de la persona humana como titular universal de sus derechos y libertades. Es así que la idea de un “mal pregrado se compensa con un buen postgrado” produjo a los “jueces caneros”, fiscales que desdeñan la presunción de inocencia; o cuando se evidencia un “doble estándar” para investigar los casos de corrupción. En resumen, la deformación de los operadores judiciales con las excepciones que nunca faltan.
El proyecto de ley de reforma constitucional para aprobar una nueva Academia Nacional de la Magistratura debe garantizar una pluralidad de docentes que permita a los discentes el saber superior, a la vez de comparar la formación de cada profesor y valorar la profundidad de su argumentación jurídica desde su especialidad. Una nueva institución que sirva para la formación y nombramiento de los jueces y fiscales no puede componerse con un profesorado a tiempo completo que, por más experiencia universitaria y trayectoria que posean, predique una ideología que no respeta el contenido constitucional a la vida, la libertad, igualdad y propiedad, así como los principios que inspiran el debido proceso judicial.
La idea de cambio y reforma constitucional sobre cómo deben formarse y ser nombrados los miembros de la judicatura y el Ministerio Público debe poner énfasis en la calidad de sus futuros docentes para lograr mejores jueces y fiscales. No sólo se trata de cambiar la institución, sino de cuidar una formación doctrinal que ponga énfasis en la selección y calidad de sus docentes, sin contrabandos ideológicos.
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