Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)
El presidente Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra por culminar su mandato. Como sabemos, la Constitución mexicana (1917) impide la reelección perpetua de sus jefes de Estado y la ganadora de las elecciones presidenciales, Sra. Claudia Sheinbaum, asumirá las riendas del Ejecutivo el próximo 1 de octubre. El primer presidente de izquierda de la historia mexicana ha logrado la continuidad de su proyecto político, denominado la cuarta transformación (4T); nombre que identifica una nueva etapa del proceso de cambio que comenzó con la independencia (1810-1821), la reforma liberal a cargo de Benito Juárez para impulsar la modernidad (1858-1861) y la Revolución mexicana (1910-1920) que trajo importantes cambios económicos, sociales y políticos que incluyen a su Constitución de 1917, firmada en Querétaro.
La 4T de AMLO se resume en la necesidad de combatir la desigualdad social, la corrupción e impunidad mediante políticas de austeridad fiscal. Un proyecto que comenzó a implementar tras su tercer intento para alcanzar la presidencia de la República. El primero fue el año 2006, luego en 2012 hasta su victoria en los procesos electorales de 2018. Es posible que el diario contacto de AMLO con los ciudadanos a través de sus “mañaneras” haya logrado consolidar el apoyo de las clases sociales más necesitadas. Los analistas sostienen además que un importante sector de la clase media también está de acuerdo con implementar la 4T. Todo indica que los programas sociales han producido un impacto en ambos sectores de la sociedad, pero no han estado aparejados de un sostenido crecimiento económico. La clase política tradicional mexicana debe realizar una autocrítica tras la derrota producida el pasado 2 de junio.
El panorama que recibirá la flamante presidenta electa se describe más como incertidumbre de los empresarios nacionales y extranjeros que inestabilidad política. Las primeras señales de la bolsa de valores no deberían adelantar diagnósticos. Es cierto que Sheinbaum llegará al gobierno con menos recursos económicos para administrar que hace seis años, pero dependerá de sus habilidades como estadista para alcanzar puntos de entendimiento con los gobernadores, senadores y diputados de su partido para adoptar decisiones políticas que brinden tranquilidad a los inversionistas y resto de agentes económicos.
La foto nos muestra una deuda pública incrementada, pero los especialistas dicen que México puede revertir esa realidad. Los argumentos a favor sostienen que la deuda pública todavía es manejable si la comparamos con la realidad de otros estados iberoamericanos, pero olvidan que “mal de muchos es consuelo de tontos” y las matemáticas son ciencias exactas. En ese sentido, la realpolitik debe orientar a Sheinbaum garantizar la seguridad jurídica, promover la inversión extranjera, disminuir el desempleo y mejorar la recaudación fiscal que permita costear un conjunto de programas sociales que distribuyan la riqueza con orden, sin demagogia ni populismo. En México se reconocieron los primeros derechos sociales; pero como sostiene el presidente argentino, Javier Milei, “son pretensiones que siempre alguien las paga”. Por eso resulta importante armonizar la necesidad de aumentar la riqueza y promover su progresiva y responsable distribución mediante mejores servicios públicos en la sociedad.
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