Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)
Los recientes acuerdos de alianzas políticas entre partidos y la declaración de intenciones para ser candidatos presidenciales a las elecciones generales de 2026 resultan algo prematuras para la realidad política de nuestro país; por lo general, es tradición definirse al final y justo antes de vencer el plazo de inscripción. Se trata de un cambio inusual de comportamiento que en otros contextos podría significar un avance, pero ante una corriente que busca un adelanto en el calendario electoral parece adecuado ir preparándose para, como dice el refrán: «a río revuelto, ganancia de pescadores».
La búsqueda de alianzas electorales se produce en todos los espectros ideológicos. Unos candidatos se adelantaron y otros todavía no lo concretan, pero en ambos casos la dispersión del voto ciudadano en alrededor de treinta partidos los mueve a formar frentes que lo concentren en pocos y no ocurra lo vivido en abril de 2021. Se trata de una necesidad para, por lo menos, poder alcanzar representación congresal sin asegurarse continuidad como un sólido grupo parlamentario. El proceso de fragmentación del Congreso, a pocos días de iniciada la primera legislatura, será inevitable hasta no aprobarse unas debidas correcciones al transfuguismo. Ante este panorama, la proliferación de candidatos presidenciales y listas parlamentarias obliga el trabajo de sumar alianzas con otros grupos afines; por eso, a la fecha no extraña la confluencia de sectores de apariencia moderados que se asocian con grupos radicales que tienen programas de gobierno de contenido antidemocrático.
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