Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)
La politización de la justicia se manifiesta a través de una estructura que debemos analizar, empezando por sus singulares componentes. La penetración e influencia de un sector ideológico en el Ministerio Público, con fines de dirigir las investigaciones fiscales en función a sus adversarios políticos, es un hecho comprobado luego de siete años sin resultados concretos, a diferencia del Brasil y el Ecuador. Los expresidentes, exalcaldes y empresarios sin acusación fiscal, un proceso penal iniciado y una sentencia firme demandan una estructura superior capaz de dirigir la persecución del delito a personas acusadas por hechos que en su momento no eran delito.
Se trata de unas operaciones que comienzan por erosionar los principios de legalidad, presunción de inocencia y tempus regit actum, para perseguir y arrestar a líderes políticos para aparentar un avance irreal. El caso de corrupción más grave de nuestra historia, a pesar de las pruebas, confesiones y colaboraciones eficaces corroboradas, carece a la fecha de sentencias firmes y responsables purgando condena. El mecanismo de la impunidad comenzó tomando el Ministerio Público porque sus autores carecían de representación parlamentaria (2016), a pesar de sus intentos fallidos durante la campaña electoral de 2021; por otra parte, la necesidad de extender los tentáculos a la institución de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales completa el círculo para controlar la velocidad y forma cómo administrar la justicia del país. Sin embargo, secuestrar las instituciones resulta insuficiente sin operadores políticos en señal abierta y redes sociales que coordinen una misma retórica para difundirla y mantenerla en el tiempo.
La finalidad es malinformar, encumbrar a jefes de Estado cercanos y perseguir a sus enemigos. A través de esa práctica, la fiscalía nombró un equipo especial con calidad de intocables. Se buscaron unas caras que sean visibles para luchar contra la corrupción, que terminaron en el laberinto y contradicciones de su propia creación. El objetivo principal de este entramado es garantizar la impunidad de los verdaderos responsables a cualquier costo, incluso a través de golpes de estado si hiciere falta.
La regla del mecanismo es consolidar la impunidad para los verdaderos responsables y aferrarse al poder. El problema que atravesamos se inserta en una democracia reducida a elecciones generales cada cinco años y con un ausente sistema de partidos. Una prolongada crisis política con siete presidentes en los últimos ocho años. Una administración de justicia secuestrada donde se aplica la conocida frase: “para mis amigos todo, para los demás la ley”.
En el plano constitucional, los principios de separación de poderes y el debido proceso se invocan cada vez que el Congreso acusa a los altos funcionarios tras cometerse infracciones constitucionales; la presentación de sendas demandas competenciales al máximo intérprete y sus decisiones que los perdedores no acatarán; todo ello sucede ante una ciudadanía mayoritariamente desinformada sobre lo que acontece en la diaria vida política.
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